La Comisión de Justicia analiza una iniciativa que reforma el Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en los casos de delitos cometidos por mujeres, los jueces o quienes ostenten la atribución de aplicar sanciones, juzguen con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
La iniciativa de la diputada Lia Limón García (PVEM), secretaria de esa instancia legislativa, precisa que el objetivo de la reforma es ayudar a que quienes realizan la función de juzgar, verifiquen de manera obligatoria si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.
La reforma señala que en el caso de delitos cometidos por mujeres, los jueces tomarán en cuenta la relación entre la imputada y la víctima, a efecto de verificar si existieron condiciones de vulnerabilidad derivada de cualquier circunstancia, ya sea por mantener una relación filial, de pareja, edad, género, creencias, costumbres o influencias socio-culturales que atenúen se culpabilidad.
En los casos de delitos sexuales en los que se emplee violencia moral contra las mujeres, el juez considerará no sólo la materialización de dicha violencia ocurrida el día del evento, sino abarcará el contexto integral de los hechos denunciados por la víctima, incluyendo su posible estado de vulnerabilidad o miedo, derivado de una relación de sometimiento precedente con su agresor.
En los casos de homicidio y lesiones, no se considerará ventaja cuando el delito lo cometa una mujer por miedo o estado de riesgo derivado de los antecedentes de alguna relación preexistente entre ésta y la víctima o de las condiciones de vulnerabilidad que hubiesen incidido en la ejecución del delito cometido.
La también presidenta de la Comisión de Radio y Televisión e integrante de la de Igualdad de Género, señaló que juzgar con perspectiva de género implicará una metodología que detecte y elimine todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, juzgar considerando situaciones de desventaja que discriminen e impidan igualdad.
Asimismo, evitará que los juzgadores cuestionen todos los estereotipos que existan respecto a las funciones de género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica, a fin de visualizar la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.
Destacó que en México las mujeres vinculadas a delitos en materia de narcóticos, lesiones, robo y otros actos ilícitos, en realidad lo están debido a que muchas son víctimas de violencia de género, “componente que no forma parte de las investigaciones ministeriales ni en la integración de los juicios penales instaurados en su contra”.
Limón García resaltó que actualmente en nuestro país existe un total de 14 mil 912 mujeres en reclusorios que ingresaron por delitos del fuero común y federal, entre los que destacan el homicidio, secuestro y robo; del fuero federal, los ejecutados contra la salud, armas de fuego y delincuencia organizada.
Señaló que según el “Diagnóstico sobre la incidencia de los delitos cometidos por las mujeres privadas de su libertad procesadas y sentenciadas”, realizado por el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (Celig) en 2009, los factores que más contribuyen a elevar la participación de las mujeres en hechos delictivos son la violencia de género, pobreza, problemas de adicciones y alcoholismo.
Así también, la presencia en un ambiente familiar integrado por delincuentes, parejas involucradas en hechos delictivos o porque se culpan para proteger al hijo, pareja u otros.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala en diversos criterios jurisprudenciales, que existe una estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación que afecta a las mujeres en forma desproporcionada en diversos ámbitos, incluyendo formas de privación de la libertad, concluyó Lía Limón.
