Con el propósito de establecer medidas “eficaces y contundentes” para erradicar y prevenir la corrupción, así como evitar la impunidad de funcionarios públicos de cualquier orden de gobierno, el diputado Armando Soto Espino (PRD) impulsa reformas al artículo 212 del Código Penal Federal.
El legislador afirma: “tenemos la imprescindible misión de emprender acciones que proporcionen al Sistema Nacional Anticorrupción herramientas que concuerden con nuestra norma fundamental y el régimen jurídico, y garanticen eficientemente la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad de los servidores públicos”.
Es necesario establecer mecanismos de tolerancia cero y garantizar la imparcialidad del Estado, “priorizando el beneficio a la sociedad, la legalidad y el respeto a los derechos humanos frente a intereses personales de algunos de los detentadores del poder”.
Su propuesta de reforma plantea suspender hasta por 30 años los derechos políticos de servidores públicos que participen o conozcan de hechos delictivos para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos, e intervenir en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación, dependiendo del monto de la afectación o beneficio obtenido.
Soto Espino pide ampliar los plazos para la prescripción del ejercicio de la acción penal, que podrán duplicarse o triplicarse, según el daño ocasionado a la Administración Pública o el monto del beneficio obtenido.
Busca complementar las disposiciones del Código Penal Federal en esta materia con sanciones eficaces y contundentes, agregando a los tipos penales la figura del decomiso de bienes en beneficio de la sociedad o con destino a causas de utilidad pública, la privación de la propiedad de los bienes cuya procedencia lícita no pudiesen justificar “y regresar esos beneficios a la sociedad, a través de la construcción de hospitales, escuelas, zonas de recreación, así como devolver la integridad de las Instituciones y restaurar la confianza en la administración pública”.
La Reforma al Código Penal Federal considera que se requieren leyes que impidan la concentración del poder, la impunidad y el enriquecimiento ilícito de servidores y funcionarios públicos por participar o encubrir actos ilícitos, así como desvíos y mal uso de recursos públicos y hechos de corrupción en su ejercicio o desempeño.
El legislador perredista refiere que “México es una de las naciones más corruptas del mundo” y la peor posicionada entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
“La impunidad que acompaña a la corrupción se mantiene en un alarmante 95 por ciento”; por ello, la iniciativa centra su atención en actos realizados por servidores públicos mediante abuso del poder.
