“No podemos permitir que niñas y niños de 10, 11 o 12 años sigan teniendo acceso libre a estas bebidas, cuyos efectos en el organismo son graves y muchas veces irreversibles”, advirtió el diputado Emiliano Álvarez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, al defender la iniciativa que busca prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad.
La Comisión de Salud de la Cámara aprobó por unanimidad la reforma a la Ley General de Salud, impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y respaldada por Álvarez, con el objetivo de restringir totalmente la venta a menores en tiendas y plataformas digitales. La propuesta incluye sanciones de hasta 2,000 UMAs (226,280 pesos) para quienes incumplan.
Riesgos para la salud infantil
El dictamen resalta que las bebidas energéticas, que contienen cafeína, taurina, guaraná, ginseng, glucuronolactona y altos niveles de azúcar, son de fácil acceso en entornos escolares y a través de apps de reparto.
Estudios nacionales e internacionales han documentado que en menores de edad su consumo se asocia con trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, déficit de atención y alteraciones en la memoria, que en casos graves pueden derivar en hipertensión, arritmias, accidentes cerebrovasculares o incluso muerte súbita.
Álvarez insistió en que la regulación busca proteger a los más vulnerables:
“Los jóvenes son el principal blanco de las campañas publicitarias que presentan estas bebidas como sinónimo de energía ilimitada. Pero en realidad los exponemos a riesgos que podrían evitarse con una norma clara”.
Impacto legislativo y en la industria
El dictamen fue aprobado con 20 votos a favor y ajustes propuestos por PRI y PAN. Ahora será turnado a la Mesa Directiva de San Lázaro para continuar su proceso.
De aprobarse, México se sumaría a otros países que ya han endurecido la regulación para limitar riesgos sanitarios en población joven. Para la industria, significaría un ajuste importante: un mercado que se ha expandido gracias a su penetración en adolescentes vería restringida una parte clave de su base de consumo.
Para el Congreso, la apuesta es clara: proteger a las nuevas generaciones de productos legales pero con efectos potencialmente devastadores en la salud.
