“Es urgente legislar para proteger el patrimonio de los adultos mayores frente a fraudes, abusos y despojos, incluso cometidos por familiares o cuidadores”, advirtió el doctor Adrián Esteves Durán, especialista en Derecho Administrativo y Políticas Públicas, al proponer ampliar las facultades del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) con respaldo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
El académico explicó que el objetivo es que dicho instituto cuente con mayores atribuciones para judicializar los delitos patrimoniales contra personas mayores, y así garantizar un acceso efectivo a la justicia y la protección de sus bienes.
“Debemos reforzar las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar los abusos contra nuestros adultos mayores. El envejecimiento digno no puede existir sin seguridad jurídica”, sostuvo Esteves Durán.
🔹 Aumento alarmante de despojos y fraudes
De acuerdo con datos del Instituto para el Envejecimiento Digno, tan solo en 2024 se registraron 484 casos de despojo de viviendas en la Ciudad de México, donde las mujeres representan el 70% de las víctimas.
Asimismo, el organismo reportó que entre enero y octubre de 2021 se iniciaron 3 mil 757 indagatorias por despojo de inmuebles. Las alcaldías con mayor número de denuncias fueron Iztapalapa (548 casos), Cuauhtémoc (420) y Gustavo A. Madero (391), además de otros casos en los que los agresores asesinaron a adultos mayores que se resistieron a entregar sus propiedades.
🔹 Coordinación interinstitucional
El especialista celebró el llamado del Congreso de la Ciudad de México a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno local y la creación de una mesa de trabajo con el Colegio de Notarios, orientada a diseñar mecanismos de prevención y regularización de propiedades para los adultos mayores.
Esteves Durán consideró que dichas acciones deben acompañarse de reformas al Código Penal capitalino, en especial al artículo 395, para actualizar los alcances jurídicos y agravar las sanciones en los casos donde las víctimas sean personas mayores de 60 años.
“El marco legal debe reconocer la vulnerabilidad de este grupo y garantizar que ningún adulto mayor pierda su vivienda por abuso de confianza o engaños notariales”, puntualizó.
🔹 Protección jurídica y justicia social
El doctor Esteves insistió en que la política pública en materia de envejecimiento debe incluir una estrategia de seguridad patrimonial, programas de capacitación legal preventiva y un sistema de denuncia accesible, que permita actuar con rapidez ante cualquier intento de fraude o despojo.
Con estas propuestas, busca que la Ciudad de México se convierta en un referente nacional en la defensa del patrimonio y la dignidad de las personas mayores, promoviendo una vejez con derechos, respeto y justicia.
