El presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo García, señaló que las comisiones de Gobernación del Congreso de la Unión acordaron que los foros sobre la regulación de la publicidad gubernamental, con organizaciones de la sociedad civil (ONG), se realicen en la Cámara alta.
“Entiendo que el procedimiento que pactaron las dos comisiones de Gobernación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, fue que en el Senado se iban a hacer algunos foros con la sociedad civil, entiendo que ya se realizaron algunos de ellos”, comentó en declaraciones a la prensa.
El 15 de noviembre de 2017, la SCJN ordenó al Congreso de la Unión que, a más tardar el 30 de abril, emita la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental y comunicación social.
Ayer martes, la Comisión de Gobernación aprobó, en lo general, el dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social y lo turnó a la Mesa Directiva para su eventual discusión ante el Pleno, donde se abordarán las reservas que presenten los grupos parlamentarios.
El diputado presidente apuntó que aún falta agotar todo el proceso legislativo al que se sujetará dicho dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputados, “y no sólo eso, el procedimiento legislativo no culmina aquí, sino que todavía tiene que ir a la Cámara de Senadores, donde también es susceptible de hacerle modificaciones”.
“Esperemos que la Junta de Coordinación (Política, Jucopo) disponga el momento en que debemos de abordar este tema, proponga a la Mesa Directiva el momento oportuno para abordar el dictamen, y yo exhortaría a los grupos parlamentarios que se den el tiempo suficiente para llegar a los consensos necesarios”, agregó.
El líder parlamentario dijo que el Poder Legislativo tiene que cumplir con su obligación de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política en materia de propaganda gubernamental y comunicación social, la cual “deberá cumplir con los parámetros constitucionales”.
“No es un afán por cumplir, es una obligación que tenemos de respetar el Estado de derecho”, concluyó.
