La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó por unanimidad iniciar un procedimiento administrativo sancionador derivado de una denuncia que señala posibles actos de violencia política en razón de género contra una servidora pública. La decisión se tomó en Sesión Urgente, tras determinar que existen elementos indiciarios suficientes que ameritan la apertura del caso.
Durante la sesión, la consejera presidenta de la Comisión, Sonia Pérez Pérez, destacó la rapidez con la que se atendió este asunto, en congruencia con el protocolo del IECM para cualquier caso relacionado con violencia política contra las mujeres.
“Es el primer análisis que estamos realizando de manera cautelar, pero de forma pronta y expedita se llevará a cabo la sustanciación del procedimiento. Se agotarán las etapas, se dará garantía de audiencia a las personas presuntamente responsables y se remitirá el expediente al Tribunal Electoral local. Será el Tribunal quien determine si existe la infracción y, en su caso, las responsabilidades y sanciones”, puntualizó Pérez Pérez.
Medidas cautelares y tutela preventiva, pero sin medidas de protección
El proyecto aprobado contempla medidas cautelares y de tutela preventiva, solicitadas por la persona denunciante. Sin embargo, se determinó no otorgar medidas de protección, ya que el análisis inicial no identificó factores de riesgo que justificaran su aplicación.
La denuncia incluye diversas publicaciones en plataformas digitales y redes sociales que, según el análisis preliminar de la Comisión, podrían afectar el reconocimiento público de la denunciante o limitar el ejercicio de sus derechos político-electorales.
Debate sobre libertad de expresión y violencia política
La consejera Cecilia Aída Hernández Cruz explicó que el proyecto propone dictar medidas solo sobre algunos de los contenidos, pues en determinadas publicaciones no se encontraron elementos que confirmaran estereotipos de género ni expresiones que configuraran subordinación o violencia política.
“Esta autoridad no debe inhibir el debate público, siempre y cuando no se rebase la frontera establecida en este proyecto. Es fundamental distinguir con claridad cuándo proceden medidas cautelares y cuándo estamos ante un ejercicio legítimo de libertad de expresión”, señaló.
Garantías procesales y acceso a la denuncia
La consejera María de los Ángeles Gil Sánchez subrayó la importancia de los mecanismos institucionales que permiten denunciar y atender casos de violencia política de género.
“Estamos iniciando un procedimiento que garantice que las partes puedan manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen necesarias. Será el Tribunal Electoral quien determine la existencia o inexistencia de la violencia política señalada”, expuso.
