“Una Auditoría Superior renovada y más eficiente fortalecerá la confianza de los contribuyentes y permitirá incrementar la recaudación”, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, al advertir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) enfrenta riesgos, debilidades y problemas estructurales que limitan su capacidad para combatir la corrupción y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
El legislador subrayó que, si bien la ASF cumple un papel central en el sistema de fiscalización y rendición de cuentas, su actuación reciente revela omisiones relevantes y brechas significativas entre los sectores estratégicos identificados y la proporción del presupuesto que efectivamente se audita.
Ramírez Cuéllar señaló que la evidencia muestra deficiencias en la fiscalización de áreas de alta complejidad y riesgo, lo que pone en duda la capacidad real del órgano para prevenir irregularidades, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la transparencia del gasto público.
“Es indispensable sancionar con rigor a quienes hacen mal uso del presupuesto federal y estatal”, sostuvo el también vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena.
Al referirse a las dos iniciativas en materia de fiscalización superior que actualmente se analizan, el diputado afirmó que el modelo vigente presenta fallas estructurales que obstaculizan una rendición de cuentas eficaz. Entre ellas destacó el déficit de participación ciudadana en el proceso de designación del titular de la ASF, el cual —dijo— se realiza sin mecanismos formales que involucren a la sociedad civil o a la academia, lo que afecta su legitimidad y transparencia.
Asimismo, advirtió sobre la concentración de decisiones estratégicas en la figura del titular, quien actualmente define el programa anual de auditorías, el reglamento interior, los nombramientos de mando superior y la emisión de normas, lo que reduce la pluralidad técnica, eleva la discrecionalidad y aumenta la vulnerabilidad a presiones externas.
Ramírez Cuéllar alertó también sobre el riesgo de captura institucional derivado de la reelección, al incentivar la concentración de poder y la permanencia de intereses, así como la ausencia de reglas explícitas contra el nepotismo, lo que puede generar conflictos de interés severos.
En cuanto al desempeño técnico, el legislador señaló baja cobertura de auditorías en sectores estratégicos, como Pemex y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como en asociaciones público-privadas, además de una escasa atención a riesgos puntuales de corrupción, como adquisiciones, obras públicas y transferencias directas de recursos.
Otro de los problemas señalados es la excesiva duración de los procesos de fiscalización, que pueden tardar casi dos años desde el inicio del ejercicio fiscal hasta la presentación del informe general, lo que retrasa la detección y corrección de irregularidades.
“La Auditoría Superior opera con baja oportunidad, lo que debilita su efecto preventivo y correctivo y favorece la normalización de observaciones que no detonan acciones inmediatas”, afirmó.
Finalmente, Ramírez Cuéllar sostuvo que el fortalecimiento del régimen de sanciones es clave para reducir la persistencia de irregularidades, al recordar que en 2022 solo el 4.3 por ciento de las investigaciones por corrupción llegaron ante un juez, lo que evidencia que la detección de anomalías no siempre se traduce en sanciones efectivas.
