La presidenta de la Comisión Especial De alerta de género, diputada Tania Ramos Beltrán (PRD), pidió que el gobierno de Chiapas refuerce las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación del daño, para mujeres víctimas de violencia.
En un comunicado, informó que presentó un punto de acuerdo en el que exhorta al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, a que atienda la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género que tienen varios municipios de la entidad, publicada desde noviembre de 2016, por el aumento de feminicidios en la entidad.
Además, busca que la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del estado, haga públicos los resultados de la aplicación de recursos para este mismo fin, precisó la legisladora por Chiapas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), 48.2 por ciento de las mujeres de Chiapas, de 15 años y más, ha sufrido algún tipo de violencia en la familia, pareja, comunidad, escuela, trabajo o patrimonial, explicó Ramos Beltrán.
En 2016 se emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género para los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, requiriendo –además- acciones específicas para la zona de los Altos de Chiapas.
A pesar de ésto, para enero de 2017 la organización Observatorio feminista contra la violencia en el estado de Chiapas reportó que en ese año 220 mujeres perdieron la vida por circunstancias violentas y para enero de 2018 se contaban 22 desaparecidas, detalló la legisladora perredista.
“En 2017 aumentó seis veces la tasa de feminicidios, lo que posicionó a la entidad como el tercer lugar más violento en el país para las mujeres”, aseveró.
Ramos Beltrán informó que también presentó un punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Medio Ambiente e Historia Natural del estado, a fin de realizar las acciones de regularización de la tenencia de la tierra donde se asientan colonias irregulares en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.
Esta medida tiene el objetivo de evitar el crecimiento de más núcleos de población en áreas protegidas o de reserva ecológica, así como la aplicación suficiente de recursos, para la protección de las áreas naturales e impedir la progresiva deforestación de dicha zona.
El crecimiento de la mancha urbana, manifestó, ha provocado serios impactos ecológicos en la entidad, como la pérdida de fertilidad del suelo, cambios drásticos del clima o escasez del agua; como el crecimiento de las ciudades y áreas metropolitanas que van deforestado áreas boscosas y selváticas.
Es tal el problema, que algunos informes sobre las tendencias de deforestación en Chiapas indican que “en 51 años podría desaparecer la cobertura boscosa del estado”, sostuvo.
Subrayó que las zonas urbanas chiapanecas pierden áreas de bosques y selvas a un ritmo acelerado, debido a la falta de regulación en el uso del suelo y la construcción de zonas habitacionales y colonias irregulares ubicadas en áreas naturales protegidas, lo que agudiza la crisis medio ambiental, particularmente en la capital del estado de Chiapas.
