“La exposición diaria de las y los pasajeros al riesgo de ser víctimas de delitos, especialmente mujeres, jóvenes y personas mayores, hace indispensable elevar las penas cuando estos se cometan en el transporte público”, afirmó el senador Enrique Vargas del Villar, al presentar una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y endurecer las sanciones por ilícitos cometidos a bordo de unidades de transporte público o concesionado.
La propuesta, suscrita por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, busca agravar las penas en delitos como robo, abuso sexual y violencia cuando se cometan dentro de autobuses, combis, taxis, estaciones, paradas o terminales del transporte público, al considerar que estos espacios concentran a un gran número de personas y representan un entorno de alta vulnerabilidad para los usuarios.
El legislador por el Estado de México explicó que millones de personas utilizan diariamente el transporte público para acudir a sus centros de trabajo, escuelas o servicios de salud, por lo que la seguridad en estos espacios debe ser una prioridad para las autoridades.
La iniciativa plantea adicionar la fracción VI al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, con el objetivo de que las penas por abuso sexual y violación aumenten hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando estos delitos se cometan en unidades o instalaciones del transporte público o concesionado.
Asimismo, se propone reformar el artículo 376 Ter para sancionar con mayor severidad el robo cometido contra personas que utilizan o prestan servicios en el transporte público, incluyendo vehículos, estaciones, paradas y terminales vinculadas al servicio.
Vargas del Villar argumentó que la reforma busca reconocer el carácter agravado de estos delitos, ya que afectan directamente a quienes utilizan un servicio esencial de movilidad y, además, vulneran derechos fundamentales de la población.
De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 70.9 por ciento de las mujeres se sienten inseguras al utilizar transporte público, mientras que datos del Instituto Nacional de las Mujeres señalan que nueve de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia en estas unidades, que va desde agresiones verbales hasta acoso o abuso sexual.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 indica que 23.7 por ciento de las personas ha dejado de usar transporte público por temor a ser víctima de un delito, mientras que 36.7 por ciento evita tomar taxis por considerarlos inseguros.
En el caso del Estado de México, durante el último año se registraron más de cinco mil 103 robos a bordo de unidades concesionadas, lo que refleja la magnitud del problema en una de las entidades con mayor uso de transporte colectivo.
El senador panista señaló que, aunque el Código Penal Federal ya contempla delitos como robo o abuso sexual, actualmente no establece agravantes específicas suficientes cuando estos se cometen en transporte público, pese al impacto colectivo que generan en la seguridad, la movilidad y los derechos de la población.
