La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) impulsa una estrategia para fortalecer los Planes de Continuidad de Operaciones en los tres niveles de gobierno con el objetivo de garantizar que servicios esenciales como salud, energía, transporte y telecomunicaciones continúen funcionando incluso ante emergencias o desastres naturales.
La iniciativa forma parte de la política de Gestión Integral de Riesgos del Gobierno de México y busca que instituciones públicas, privadas y sociales cuenten con mecanismos que permitan mantener sus funciones críticas y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible tras el impacto de fenómenos perturbadores.
De acuerdo con la CNPC, esta estrategia prioriza la profesionalización de personal técnico especializado encargado de diseñar, revisar y mejorar estos planes, considerados fundamentales para evitar la interrupción prolongada de servicios que afectan directamente a la población.
Crece capacitación y asesoría en prevención
Datos de la dependencia indican que entre 2019 y 2025 las asesorías técnicas para la elaboración de planes de continuidad aumentaron 96 por ciento, lo que refleja un mayor acompañamiento a instituciones responsables de la infraestructura crítica del país.
En el mismo periodo, la capacitación de servidores públicos especializados en gestión de riesgos pasó de mil 162 personas en 2019 a 2 mil 439 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 110 por ciento en la fuerza operativa dedicada a la protección de servicios estratégicos.
Hasta febrero de 2026, un total de 22 mil 146 servidores públicos han sido asesorados bajo estos estándares de prevención y continuidad institucional.
La CNPC subrayó que estos procesos de formación permiten que autoridades de salud, transporte, energía, telecomunicaciones y servicios públicos puedan responder de forma coordinada ante emergencias, reduciendo el impacto social y económico.
La importancia de los planes de continuidad
Los Planes de Continuidad de Operaciones son herramientas utilizadas por gobiernos y empresas para asegurar que actividades críticas continúen funcionando durante crisis como sismos, huracanes, inundaciones, pandemias o fallas en infraestructura estratégica.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la planeación anticipada puede reducir significativamente los efectos económicos y sociales de los desastres, que cada año provocan pérdidas millonarias en todo el mundo.
En México, país expuesto a sismos, huracanes, sequías e inundaciones, estos mecanismos forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, creado tras el terremoto de 1985 y que ha evolucionado hacia un modelo de prevención y resiliencia.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), los desastres naturales generan en México pérdidas económicas promedio superiores a 20 mil millones de pesos anuales, además de afectar infraestructura y servicios públicos.
Infraestructura crítica y resiliencia social
La CNPC señaló que la continuidad de operaciones resulta clave para garantizar el funcionamiento de sectores estratégicos como:
• Hospitales y servicios de salud
• Sistemas de energía eléctrica
• Carreteras y transporte
• Telecomunicaciones
• Sistemas de abastecimiento de agua
La interrupción prolongada de estos servicios puede generar crisis humanitarias, colapso económico o problemas de seguridad, por lo que la planeación preventiva permite anticipar escenarios de emergencia y establecer protocolos de respuesta.
Expertos en gestión de riesgos han señalado que la resiliencia institucional no solo depende de infraestructura, sino también de capacitación, coordinación interinstitucional y participación social.
Prevención: la clave para enfrentar emergencias
La Coordinación Nacional de Protección Civil reiteró que la prevención es el eje central para proteger la vida, el patrimonio y el funcionamiento del país ante cualquier eventualidad, por lo que continuará ampliando los programas de capacitación y asesoría para fortalecer los planes de continuidad en instituciones públicas y privadas.
El objetivo, señaló la dependencia, es que las instituciones mexicanas cuenten con herramientas que les permitan responder de forma eficiente ante emergencias, reduciendo riesgos y garantizando la prestación de servicios básicos a la población.
