“Cualquier reforma electoral estará incompleta si no se combate de manera frontal la intervención del crimen organizado en las elecciones”, afirmó el senador Enrique Vargas del Villar, al presentar una iniciativa para fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción del financiamiento ilícito en procesos electorales.
En el marco de la discusión del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, el legislador propuso modificar diversas leyes en materia electoral para prevenir la infiltración de recursos provenientes de la delincuencia organizada, fenómeno que —advirtió— representa uno de los mayores riesgos para la democracia en México.
La iniciativa plantea reforzar la verificación del origen de los recursos de campaña, fortalecer la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como establecer mecanismos de fiscalización preventiva durante los procesos electorales.
Entre los cambios propuestos, se contempla obligar a partidos políticos y candidatos a transparentar plenamente sus ingresos y egresos, implementar controles internos más estrictos sobre donaciones privadas y permitir a las autoridades electorales acceder a información financiera y bancaria en caso de detectar irregularidades.
Asimismo, se busca endurecer las sanciones penales por financiamiento ilícito, incrementando las penas hasta en una mitad y estableciendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 20 años en casos vinculados con delincuencia organizada.
El senador subrayó que en los últimos años se han documentado casos que evidencian la influencia del crimen organizado en procesos electorales, por lo que insistió en la necesidad de cerrar cualquier espacio que permita la intervención de intereses ilegales en la vida pública del país.
