“A pesar de que México fue pionero en Norteamérica en prohibir las pruebas cosméticas en animales, la ley no ha podido ser implementada”, advirtió Yolanda López, directiva de la organización Te Protejo, al señalar que la regulación permanece incompleta cuatro años después de su aprobación.
En 2021, el Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Salud para prohibir el uso de animales en pruebas cosméticas, medida que colocó a México como el país número 41 en el mundo y el primero en América del Norte en adoptar esta restricción. Sin embargo, la falta de una Norma Oficial Mexicana por parte de Cofepris ha impedido su aplicación efectiva.
El vacío regulatorio ha trasladado parte de la responsabilidad a los consumidores, quienes aún deben verificar que los productos sean libres de pruebas en animales mediante certificaciones independientes.
De acuerdo con datos de Parametría (2023), el 77% de los mexicanos rechaza estas prácticas, mientras que el 71% respalda la prohibición legal, lo que refleja una presión social creciente hacia la industria cosmética.
Las pruebas en animales, utilizadas desde el siglo XX para evaluar seguridad y toxicidad, siguen siendo una práctica vigente en distintos países, aunque solo 45 naciones han legislado para prohibirlas. En América Latina, México figura junto a países como Brasil, Colombia y Chile entre los que han avanzado en regulación.
López subrayó que la legislación y las certificaciones “cruelty free” no son equivalentes, ya que la ley contempla excepciones y no siempre cubre todos los escenarios de mercado. En este contexto, dijo, los sellos independientes se han convertido en una herramienta clave para garantizar que los productos no implican maltrato animal.
Actualmente, en México existen más de 150 marcas con certificación libre de pruebas en animales, mientras que organizaciones como Te Protejo han certificado a más de 200 marcas en América Latina.
Aunque la reforma representó un avance significativo, especialistas advierten que su impacto dependerá de la emisión de normas claras, supervisión efectiva y la capacidad de las autoridades para cerrar vacíos que aún permiten prácticas cuestionadas dentro de la industria.
