Con el objetivo de transformar la forma en que se investiga y sanciona la violencia contra las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este 24 de marzo la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
La propuesta busca homologar el tipo penal en todo el país, establecer sanciones más severas —de hasta 70 años de prisión— y obligar a las autoridades a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio.
El cambio central es investigar como feminicidio desde el inicio. Uno de los ejes más relevantes de la iniciativa es que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio desde el primer momento
Esto rompe con la práctica actual, donde muchos casos se clasifican inicialmente como homicidio, lo que afecta la investigación y reduce la posibilidad de sanción adecuada.
La propuesta contempla: Penas de 40 a 70 años de prisión; sanciones por tentativa; pérdida de derechos parentales y sucesorios del agresor; y carácter imprescriptible del delito.
Además, establece agravantes en casos donde las víctimas sean menores de edad, mujeres embarazadas, adultas mayores o defensoras de derechos humanos.
La iniciativa plantea cambios estructurales: Creación de un Protocolo Nacional de Investigación; fiscalías especializadas obligatorias; registro nacional de víctimas y orfandad por feminicidio; atención integral a víctimas directas e indirectas y reparación del daño con enfoque de derechos humanos.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio se mantiene como uno de los delitos más graves en México, con cifras constantes y problemas de subregistro.
Especialistas han advertido que muchos asesinatos de mujeres no se investigan como feminicidio, lo que contribuye a la impunidad.
Actualmente cada estado define feminicidio de forma distinta; no hay criterios unificados de investigación; muchos casos se clasifican como homicidio, diferencias en penas y sanciones y coordinación limitada entre autoridades.
Con la nueva ley un Tipo penal homologado a nivel nacional; investigación obligatoria como feminicidio desde el inicio; penas más severas (hasta 70 años); protocolo nacional obligatorio; fiscalías especializadas; y sistema integral de atención y reparación.
Más allá del endurecimiento de penas, la propuesta apunta a un cambio estructural: pasar de un sistema fragmentado a uno nacional y uniforme en la investigación del feminicidio
La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión, donde deberá: Ser analizada en comisiones; discutida y votada en el Pleno; y Eventualmente aprobada y publicada. Por ahora, no es ley vigente.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo plantea castigos más severos, sino un cambio de fondo: obligar al Estado a investigar con perspectiva de género desde el primer momento.
El reto, sin embargo, no estará en la ley, sino en su aplicación en un sistema de justicia que aún enfrenta rezagos estructurales.
La iniciativa busca unificar el delito en todo el país, endurecer sanciones y cambiar la forma en que se investigan los asesinatos de mujeres.
