El Congreso del Estado de México avanzó en la creación de un Registro Municipal de Infracciones en materia de justicia cívica, una medida que busca regular faltas administrativas sin incluir detenciones, en cumplimiento con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Congresistas de comisiones unidas respaldaron la iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la cual plantea sustituir el modelo anterior —declarado inconstitucional— por un esquema enfocado en registrar conductas y no personas, con el objetivo de evitar estigmatización y garantizar certeza jurídica.
La reforma surge tras la sentencia de la SCJN que invalidó diversos artículos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México, entre ellos aquellos que definían como infracción conductas ambiguas como “faltas de respeto” en eventos públicos, lo que abría la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de autoridades municipales.
Durante el análisis legislativo, diputados señalaron que el nuevo registro permitirá a los ayuntamientos ordenar y dar seguimiento a faltas administrativas, así como identificar casos de reincidencia, en un contexto donde también se han documentado abusos y posibles actos de extorsión por parte de policías municipales.
El modelo propuesto establece que el registro será operado por los juzgados cívicos, y no por corporaciones de seguridad, e incluirá datos del expediente, información del infractor —como nombre, CURP y domicilio—, así como la resolución y la sanción impuesta.
No obstante, la propuesta también generó cuestionamientos entre legisladores de oposición, quienes advirtieron posibles vacíos en materia de protección de datos personales, falta de criterios homogéneos entre municipios y ausencia de lineamientos claros sobre la temporalidad de la información.
Autoridades legislativas aclararon que las entidades locales no tienen facultades para regular detenciones, al tratarse de una competencia federal vinculada al Registro Nacional de Detenciones, por lo que el enfoque se limita exclusivamente a infracciones administrativas.
Además, el registro será de consulta obligatoria para jueces cívicos, lo que permitirá individualizar sanciones y diseñar estrategias de prevención, así como programas sociales enfocados en atender conductas recurrentes.
La reforma también contempla la inclusión de trabajo comunitario como sanción, como una alternativa orientada a fortalecer la convivencia social, además de dejar constancia de los procedimientos resueltos mediante mecanismos alternativos.
El ajuste legal responde a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2023, resuelta por la SCJN en 2025, lo que obligó al Congreso mexiquense a replantear el marco normativo en materia de justicia cívica.
Aunque la iniciativa busca cerrar vacíos legales y evitar arbitrariedades, el debate legislativo evidencia que el reto será equilibrar la eficacia en la regulación municipal con la protección de derechos fundamentales de la ciudadanía.
