El Gobierno del Estado de México aseguró 53 centros de rehabilitación contra las adicciones, conocidos como “anexos”, como parte de una estrategia integral que busca regularizar estos espacios y prevenir posibles delitos asociados a su operación.
Las acciones forman parte de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación, impulsada desde la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de garantizar que estos establecimientos cumplan con normas sanitarias, de protección civil y modelos adecuados de atención.
Entre el 13 y el 20 de marzo, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron inspecciones en 94 centros, enfocándose en aquellos con funcionamiento presuntamente irregular o vinculados a posibles actividades ilícitas.
Como resultado, se aseguraron 29 inmuebles en Ecatepec y 24 en Naucalpan, donde se detectaron condiciones que ponían en riesgo a los internos o incumplían con la normativa vigente.
Durante los operativos participaron instancias federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y la Fiscalía mexiquense.
En total, mil 599 personas se encontraban en los anexos intervenidos; de ellas, mil 518 fueron reintegradas con sus familias, 80 canalizadas a centros que cumplen con la normatividad y una más solicitó su salida voluntaria.
Las autoridades precisaron que las acciones se concentraron exclusivamente en centros de internamiento, dejando fuera espacios como grupos de apoyo tipo Alcohólicos Anónimos.
La estrategia contempla ahora una fase de análisis para definir rutas de regularización, así como la vinculación con centros que aún no han sido inspeccionados y carecen de certificaciones.
El enfoque, según autoridades estatales, busca atender las adicciones como un problema de salud pública y seguridad, en un contexto donde la operación irregular de estos espacios ha sido señalada en distintos casos por posibles abusos, omisiones o vínculos delictivos.
Especialistas han advertido que el reto no sólo radica en las inspecciones, sino en garantizar alternativas de atención digna, supervisión constante y políticas públicas sostenidas para el tratamiento de las adicciones en la entidad.
