Ciudad de México.— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá consultar en línea la información fiscal de las operaciones realizadas en plataformas digitales, tras la entrada en vigor del artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación este 1 de abril de 2026, una medida que busca combatir la evasión en la economía digital, pero que ya abrió debate sobre sus alcances.
La disposición obliga a empresas como Netflix, Uber, Airbnb, Mercado Libre, Spotify y otras plataformas que prestan servicios digitales en México a permitir el acceso a datos fiscales relacionados con sus operaciones, incluyendo montos, tipo de servicio, método de pago y comprobantes fiscales.
De acuerdo con la normativa, el acceso se limita a información tributaria —principalmente IVA e ISR— y no incluye contenido personal de los usuarios, como historial de consumo, conversaciones o rutas de movilidad. Sin embargo, el cambio implica pasar de un esquema de reportes bajo solicitud a un modelo donde la autoridad puede consultar información de manera directa en los sistemas de las empresas.
En el caso de plataformas de intermediación, como transporte o hospedaje, también se podrá acceder a datos fiscales de prestadores de servicios, lo que permitirá verificar ingresos, retenciones y cumplimiento de obligaciones tributarias.
El SAT ha sostenido que la medida no constituye un mecanismo de vigilancia personal, sino una herramienta para mejorar la recaudación y reducir prácticas de evasión en un sector que ha crecido de forma acelerada en los últimos años.
No obstante, especialistas en materia fiscal y digital advierten que el principal reto será garantizar que este acceso se limite estrictamente a fines tributarios y que se cuente con mecanismos sólidos de protección de datos, ante la posibilidad de que el monitoreo permanente de operaciones genere preocupaciones sobre privacidad.
La disposición también contempla sanciones para las plataformas que incumplan, incluyendo multas y el bloqueo temporal de sus servicios en territorio nacional, lo que añade presión a las empresas para adaptar sus sistemas en los plazos establecidos.
El nuevo esquema marca un punto de inflexión en la regulación de la economía digital en México: mientras autoridades lo presentan como un avance en fiscalización, el debate público se centra en hasta dónde puede llegar el control del Estado sobre las operaciones digitales.