Un total de 252 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en la vía pública han sido retiradas en Ecatepec durante la actual administración, como parte de operativos para evitar su uso indebido en actividades delictivas o de monitoreo a fuerzas de seguridad.
La medida fue instruida por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien ordenó reforzar las acciones de regulación de sistemas de videovigilancia ante posibles riesgos en la operatividad policial.
De acuerdo con autoridades municipales, estos dispositivos —colocados sin autorización en postes de alumbrado y otros puntos de infraestructura pública— podrían ser utilizados para vigilar movimientos de corporaciones de seguridad, lo que representa una vulnerabilidad en las estrategias de combate a la delincuencia.
El retiro más reciente se llevó a cabo en las colonias Franja Valle de México, Nicolás Bravo y CTM 14, donde se localizaron 32 cámaras, de las cuales nueve fueron devueltas a sus propietarios y 23 quedaron bajo resguardo municipal por no contar con permisos.
En estas acciones participaron elementos de la policía municipal, Fuerza de Tarea Marina, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como grupos especializados como la Policía Metropolitana y el Grupo de Operaciones Especiales, quienes implementaron un operativo con seguridad perimetral mientras se desinstalaban los equipos.
El gobierno local informó que durante 2025 se retiraron 205 dispositivos, mientras que en lo que va de 2026 suman 47, lo que da un total de 252 cámaras eliminadas en operativos que, aseguran, continuarán de manera permanente.
Las autoridades argumentaron que la colocación de estos sistemas sin autorización contraviene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de México.
Aunque el gobierno municipal sostiene que estas acciones buscan fortalecer la seguridad, el retiro de cámaras también abre el debate sobre la regulación del uso ciudadano de tecnología de vigilancia y los mecanismos de coordinación entre autoridades y vecinos en materia de prevención del delito.