El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó un mecanismo excepcional para México al advertir indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que escaló el caso a un nivel internacional inusual y reavivó el debate sobre la magnitud de la crisis en el país.
La decisión, emitida el 2 de abril de 2026, se sustenta en el artículo 34 de la Convención Internacional, una herramienta que el organismo utiliza en casos de extrema gravedad. A través de este recurso, el Comité solicitó al Secretario General de la ONU que evalúe remitir la situación de México a la Asamblea General, con el fin de considerar medidas de apoyo técnico, financiero y especializado en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación de posibles redes delictivas.
El pronunciamiento se apoya en cifras oficiales mexicanas que reportan más de 132 mil personas desaparecidas, más de 4 mil 500 fosas clandestinas y alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar. Con base en estos datos, el organismo señaló la existencia de patrones que podrían configurarse como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones del país.
Sin embargo, el señalamiento no implica una resolución judicial ni una determinación de responsabilidad directa del Estado mexicano, sino una alerta internacional que busca activar mecanismos de cooperación y presión institucional.
El gobierno federal rechazó de forma inmediata el informe. En un posicionamiento conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación lo calificaron como “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”, al sostener que omite avances recientes y se basa en información de administraciones anteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum reforzó esta postura en sus conferencias, al asegurar que la desaparición forzada no es una política del Estado en la actualidad y que, en los casos donde ocurre, se investiga y sanciona. También señaló que el Comité no incorporó información actualizada entregada por México días antes del pronunciamiento.
En paralelo, la Secretaría de Gobernación informó el inicio de reuniones con colectivos de búsqueda, particularmente en entidades como Jalisco, en un intento por mostrar apertura al diálogo en medio de la presión internacional.
Del lado opuesto, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas respaldaron el posicionamiento del Comité, al considerar que refleja una crisis estructural que, aseguran, no ha sido resuelta. Para estos grupos, la intervención internacional representa una oportunidad para visibilizar el problema y exigir mayor efectividad institucional.
El caso ha intensificado una disputa narrativa de fondo: mientras el gobierno defiende la soberanía y cuestiona la metodología del informe, críticos advierten que la dimensión del fenómeno supera las capacidades actuales del Estado y requiere acompañamiento internacional.
Más allá del debate político, el tema se mantiene como una de las crisis humanitarias más profundas del país, con impacto directo en más de 130 mil familias. La posible discusión en instancias de la ONU abre un nuevo frente para México en materia de derechos humanos, en un contexto donde la presión interna y externa continúa en aumento.