La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició una nueva fase de presión contra estaciones de servicio que venden gasolina y diésel por encima de los precios considerados justos, con la colocación de lonas de advertencia en todo el país para alertar a los consumidores.
Como parte de la estrategia, la dependencia federal busca alcanzar un acuerdo con el sector gasolinero para estabilizar el precio del diésel en 28 pesos por litro en punto de venta, mientras intensifica operativos de verificación en estaciones con márgenes elevados de ganancia.
Durante el monitoreo semanal, Profeco identificó establecimientos con sobreprecios significativos, como una estación en Querétaro que vende gasolina regular en 24.99 pesos por litro, con un margen de ganancia de hasta 3.77 pesos, por encima de lo considerado razonable. En contraste, otras estaciones —incluidas de Pemex en la Ciudad de México— ofrecen el combustible en niveles cercanos a 23.39 pesos por litro, con márgenes menores a dos pesos.
La dependencia también anunció que retomará la estrategia de señalización con lonas visibles bajo la consigna “No cargue aquí, se vuelan la barda con los precios”, con el objetivo de evidenciar públicamente a las estaciones que incumplen con precios competitivos .
Además, Profeco actualizó su mapa virtual de precios, que ahora incluye información en tiempo real sobre el costo del diésel, permitiendo a los consumidores comparar tarifas y ubicar estaciones con precios más bajos.
En paralelo, el organismo reportó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica en 23.69 pesos por litro, aunque con variaciones importantes entre regiones.
El monitoreo también incluyó el seguimiento a la canasta básica, cuyo costo ideal no debería superar los 910 pesos. Sin embargo, se detectaron establecimientos con precios por arriba de ese umbral, lo que refleja disparidades en el mercado de consumo.
Estas acciones forman parte de una política de vigilancia que busca contener abusos en precios, aunque especialistas han señalado que su impacto dependerá de la continuidad de las inspecciones y de la capacidad real de sanción frente a prácticas comerciales irregulares.