Seis personas detenidas por extorsión en Nezahualcóyotl fueron sentenciadas a penas que en conjunto suman 212 años de prisión, en resoluciones judiciales emitidas durante marzo de 2026, como resultado de investigaciones iniciadas en distintos años.
De acuerdo con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, los casos derivan de detenciones realizadas entre 2016 y 2025, en operativos vinculados a la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión, donde los implicados operaban en diversas colonias del municipio.
Las autoridades señalaron que los ahora sentenciados utilizaban amenazas directas, en algunos casos con armas de fuego, y se hacían pasar por integrantes de grupos criminales para exigir pagos a comerciantes y ciudadanos, bajo advertencias de daño físico o secuestro.
Entre los casos más relevantes destaca el de Álvaro “N.”, detenido en 2025 tras amenazar a un empresario reciclador, quien recibió una condena de 43 años y 9 meses de prisión, una de las más altas dictadas en estos procesos.
Otro caso es el de Brandon “N.”, capturado en la colonia Metropolitana Segunda Sección, quien durante meses exigió pagos de seis mil pesos a su víctima; fue sentenciado a 40 años de cárcel.
También figura Carlos “N.”, presuntamente vinculado a un grupo delictivo, detenido en la colonia El Sol, así como Francisco “N.”, quien utilizaba el alias “M40” para intimidar a sus víctimas. Ambos recibieron penas de 40 años de prisión.
En un caso anterior, Luis “N.” fue condenado a nueve años por exigir dinero bajo amenazas de privación de la libertad, mientras que Eddy “N.”, de origen colombiano, fue sentenciado a 40 años por un delito cometido en 2016.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la integración de las carpetas de investigación y a la coordinación con instancias de procuración de justicia, lo que permitió sostener los casos ante los tribunales.
Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que, pese a estas sentencias, la extorsión continúa siendo uno de los delitos con mayor impacto en el Estado de México, particularmente en zonas con alta actividad comercial, donde las víctimas suelen no denunciar por temor a represalias.