Una reforma para ampliar la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos fue enviada a la LXII Legislatura del Estado de México, con el objetivo de pasar de medidas reactivas a un esquema integral que atienda las condiciones de vulnerabilidad del gremio, incluyendo acceso a salud, capacitación y apoyos en situaciones de riesgo.
En segundo término, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó la iniciativa de decreto que busca modificar la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, como parte de una estrategia alineada al Plan de Desarrollo estatal 2023–2029 y derivada —según el planteamiento oficial— de mesas de diálogo con el gremio y organizaciones civiles.
La propuesta introduce cambios de fondo al modelo vigente. Entre los puntos centrales destaca el acceso a servicios de salud, ya sea mediante el sistema IMSS-Bienestar o esquemas de aseguramiento para periodistas independientes, uno de los sectores históricamente más desprotegidos en materia de seguridad social.
Además, contempla la profesionalización del gremio a través de programas de capacitación continua y becas educativas tanto para periodistas como para sus familias, reconociendo el impacto que implica el ejercicio de esta labor en el entorno personal.
Otro de los ejes es la incorporación de apoyos para gastos funerarios en casos donde periodistas o defensores pierdan la vida en contextos vinculados a su actividad, una medida que, aunque reactiva, busca ofrecer respaldo institucional ante escenarios extremos.
En materia de prevención, la iniciativa plantea el uso de mecanismos de identificación voluntaria para fortalecer la seguridad durante coberturas, así como un enfoque diferenciado para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, como integrantes de comunidades indígenas, población migrante y diversidad sexual.
También se propone una reconfiguración del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, con criterios de selección más transparentes, representación regional equilibrada y paridad de género, con la intención de fortalecer su operatividad y legitimidad.
Aunque el proyecto busca atender demandas históricas del gremio, su alcance y efectividad dependerán del análisis legislativo y, en su caso, de la asignación presupuestal que permita materializar las medidas propuestas en un contexto donde la violencia contra periodistas sigue siendo un tema pendiente a nivel nacional.