La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló una reforma para agilizar los procesos de fiscalización del gasto público, aunque rechazó modificaciones clave en materia de contabilidad gubernamental y coordinación fiscal por posibles conflictos legales y de competencia.
Con 33 votos a favor y tres abstenciones, el órgano legislativo aprobó su opinión sobre la iniciativa que busca modificar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con el objetivo de fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y hacer más eficientes los mecanismos de control del uso de recursos públicos.
El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, explicó que los cambios permitirían consolidar un modelo de fiscalización más ágil, simplificado y apoyado en herramientas tecnológicas, lo que facilitaría la detección oportuna de irregularidades y fortalecería el combate a la corrupción.
Sin embargo, la comisión emitió una opinión en sentido negativo respecto a las modificaciones propuestas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al considerar que podrían invadir atribuciones del Consejo Nacional de Armonización Contable, encargado de establecer las normas en la materia.
En el caso de la Ley de Coordinación Fiscal, también se rechazaron los ajustes planteados, bajo el argumento de que la Auditoría Superior de la Federación ya cuenta con facultades para fiscalizar directamente los recursos federales ejercidos por estados y municipios, por lo que no sería necesario modificar el marco vigente.
Durante el debate, legisladores de oposición coincidieron en la necesidad de fortalecer la fiscalización, aunque plantearon reservas. El diputado Gustavo de Hoyos (MC) respaldó la modernización del sistema, pero pidió garantizar certeza jurídica y respeto al federalismo.
Por su parte, el priista Yerico Abramo expresó su abstención al advertir que la propuesta podría incrementar la carga sobre los entes auditables, particularmente municipios, sin equilibrar la supervisión hacia el gobierno federal.
Desde el PAN, Héctor Saúl Téllez consideró positivo eliminar figuras administrativas que retrasan procesos, como las solicitudes de aclaración, y permitir que la ASF investigue de oficio o por denuncia, lo que —dijo— podría acelerar la detección de actos de corrupción.
La opinión aprobada será remitida a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que continuará el análisis del dictamen en el proceso legislativo.