“Aplicar la perspectiva de género en la justicia es fundamental para proteger los derechos de las mujeres, pero aún existen obstáculos como la discriminación, los estereotipos y las desigualdades históricas”, afirmó Amalia Pulido Gómez durante una capacitación organizada por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
El organismo llevó a cabo el curso virtual “Derechos humanos de las mujeres y acceso a la justicia con perspectiva de género”, en el que se advirtió que, pese a los avances normativos en México, persisten brechas entre lo que establece la ley y su aplicación en la práctica cotidiana.
Pulido Gómez subrayó que la perspectiva de género no debe limitarse a un requisito formal, sino que debe utilizarse como una herramienta para analizar relaciones de poder, cuestionar prejuicios y garantizar resoluciones más justas, particularmente en contextos de vulnerabilidad.
Durante la jornada, la especialista Alba Adriana Jiménez Patlán expuso casos concretos que evidencian estas fallas estructurales, como el de una mujer a quien le fue retirado su hijo sin considerar su contexto social y económico, lo que derivó en mayores afectaciones a su proyecto de vida.
También se abordaron casos de violencia digital, donde la difusión de imágenes sin consentimiento vulnera la intimidad de las mujeres, lo que —se señaló— requiere respuestas institucionales que no solo castiguen, sino que prevengan y acompañen a las víctimas.
Entre las recomendaciones planteadas destacan el uso de lenguaje claro en resoluciones judiciales, la eliminación de estereotipos, la atención con empatía y el análisis integral de cada caso, considerando las condiciones particulares de las personas involucradas.
El evento reunió a representantes de instituciones electorales, del Poder Judicial, organismos autónomos, ayuntamientos, organizaciones civiles y medios de comunicación, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer estos espacios de formación para avanzar hacia una justicia más equitativa.
No obstante, el diagnóstico compartido en la capacitación deja claro que el reto no es normativo, sino de implementación: traducir los principios de igualdad en decisiones concretas dentro del sistema judicial.