Jubilados de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y Banobras denunciaron que ya comenzaron reducciones a pensiones sin que existan leyes secundarias ni reglas claras de aplicación, y anunciaron movilizaciones y acciones legales contra la reciente reforma al artículo 127 constitucional.
Durante la presentación de la llamada Alianza Nacional de Jubilados, representantes de estos sectores señalaron que más de 30 mil personas —entre jubilados y viudas pensionadas— enfrentan afectaciones directas, en medio de lo que calificaron como vacíos legales y falta de lineamientos operativos.
En conferencia de prensa, los voceros acusaron que la discusión pública se ha construido sobre una narrativa que estigmatiza a este sector. “No existen ‘pensiones doradas’, existen pensiones ganadas”, afirmaron, al sostener que se generó una percepción negativa basada en información imprecisa.
Los representantes aseguraron que, aunque sostuvieron diálogo con el Poder Legislativo y presentaron argumentos técnicos y jurídicos, la reforma avanzó sin estudios públicos, sin diagnóstico integral y sin criterios claros de implementación.
También advirtieron que la legislación podría tener elementos discriminatorios al no aplicarse de manera uniforme en todo el sector público, lo que abre cuestionamientos sobre su equidad.
Como parte de su estrategia, anunciaron la promoción de amparos para frenar los efectos de la reforma y confiaron en que el Poder Judicial garantice la protección de los derechos adquiridos.
Además, convocaron a una movilización el próximo 17 de abril a las 12:00 horas en la explanada del Senado de la República, en Paseo de la Reforma, como una forma de presión social y expresión pública.
Las organizaciones alertaron que las implicaciones de la reforma no solo afectan a los actuales jubilados, sino también a trabajadores en activo, al modificar condiciones que impactan el futuro del sistema de pensiones en el país.
El posicionamiento se da en un contexto de debate nacional sobre el gasto público, la sostenibilidad de las pensiones y los límites salariales en el sector público.