“Es indignante que una familia haya señalado con precisión dónde buscar desde un primer momento y no se haya actuado con la inmediatez requerida”, declaró la fiscal general Bertha Alcalde Luján al informar avances en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido en un inmueble de la Ciudad de México.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que ya existe una orden de aprehensión ejecutada contra el vigilante del edificio, al considerar que hay elementos sólidos que lo vinculan directamente con el crimen.
De acuerdo con la investigación, el imputado tenía control total del acceso al inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, así como del sistema de videovigilancia, el cual fue deliberadamente desconectado entre las 16:23 y 17:44 horas del 15 de abril, periodo en el que la víctima ingresó y habría sido privada de la vida.
Las autoridades señalaron que en la caseta de vigilancia se localizaron indicios de sangre en distintas áreas, además de evidencia de limpieza reciente. También se documentaron lesiones en el detenido —en manos y abdomen— compatibles con la mecánica del ataque.
La necropsia determinó que la causa de muerte fueron heridas punzocortantes en el tórax, posiblemente provocadas con un objeto tipo desarmador, similar a los encontrados en el inmueble y posteriormente ocultados.
La Fiscalía detalló que, tras los hechos, el sospechoso negó a la familia que la joven hubiera ingresado al lugar y fue observado limpiando la zona. Posteriormente, se localizaron pertenencias de la víctima —como su cartera, bolsa y teléfonos— en distintos puntos del edificio, incluyendo un drenaje y áreas restringidas.
Además, se identificaron nuevos cortes en el sistema de cámaras durante la madrugada del 16 de abril, en tres intervalos, lo que refuerza la hipótesis de manipulación para ocultar evidencia y mover el cuerpo.
Sin embargo, la investigación también reveló fallas graves en la actuación institucional. Aunque la madre de Edith proporcionó desde la madrugada del 16 de abril la dirección donde su hija acudiría, la intervención policial en el inmueble se retrasó más de 15 horas, lo que fue calificado por la propia fiscal como injustificable.
Por estos hechos, la Fiscalía informó la suspensión de tres servidores públicos, mientras se desarrolla una investigación interna para determinar responsabilidades. También se indagan posibles actos de corrupción denunciados por la familia, aunque hasta ahora no hay evidencia concluyente.
Las autoridades aseguraron que el caso se encuentra en audiencia de imputación y que continuará la investigación complementaria, al tiempo que reiteraron que se trabaja en dos frentes: garantizar justicia para la víctima y corregir las fallas institucionales detectadas.