Alrededor del 40% de los casos de extorsión que afectan a comerciantes y trabajadores independientes podría reducirse si se fortalecen los mecanismos de denuncia y se combate la corrupción dentro de las instituciones, señalaron representantes del sector empresarial.
De acuerdo con Gerardo Cleto López Becerra y Alberto Vargas, una estrategia eficaz permitiría además avanzar en el combate del 60% restante vinculado a grupos criminales, en un contexto donde la impunidad alcanza hasta el 99% de los casos, según datos de México Evalúa.
Los especialistas indicaron que la reciente propuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, podría tener impacto más allá de la capital, aunque advirtieron que medidas similares han fracasado en el pasado debido a la burocracia y a la saturación del Ministerio Público.
Uno de los principales señalamientos es la llamada “extorsión burocrática”, en la que funcionarios públicos presuntamente exigen pagos ilegales a cambio de agilizar trámites, evitar sanciones o permitir la operación de negocios.
“Las denuncias suelen quedarse atrapadas en procesos complejos”, señalaron, al subrayar que la carga de trabajo en las fiscalías y la falta de resultados efectivos desalientan a las víctimas a continuar con los procesos legales.
También se expusieron casos recientes, como los saqueos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde —a seis meses de los hechos— no se han reportado avances sustanciales contra los responsables, lo que refuerza la percepción de impunidad.
A esto se suman denuncias de comerciantes en mercados públicos, como el de Sonora, y en alcaldías como Cuauhtémoc, donde se han reportado presiones y cobros indebidos por parte de funcionarios y organizaciones que operan en el comercio informal.
Los representantes del sector hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno para coordinar acciones que permitan erradicar estas prácticas, así como a fortalecer la cultura de la denuncia con mecanismos más ágiles y confiables.
Coincidieron en que la organización entre comerciantes, empresarios y trabajadores independientes será clave para enfrentar este fenómeno, junto con políticas públicas que atiendan de fondo la corrupción y la falta de respuesta institucional.