- Frenan cambios en seguridad social militar y control de armas
Fortalecer la vigilancia ambiental con apoyo de la Guardia Nacional marcó la sesión en San Lázaro: la Comisión de Defensa Nacional aprobó reformar la Ley de la Guardia Nacional para ampliar su actuación en áreas naturales protegidas federales terrestres, en un dictamen que también refuerza la coordinación con autoridades ambientales.
Con 20 votos a favor, la comisión presidida por el diputado Luis Arturo Oliver Cen (Morena) avaló modificar el artículo 9 de dicha ley para que la corporación participe en tareas de prevención, investigación y combate de delitos ambientales como la tala ilegal, la cacería furtiva, el tráfico de especies y la degradación de ecosistemas.
El legislador sostuvo que la reforma busca fortalecer la protección ambiental sin invadir competencias de otras instancias ni generar impacto presupuestal adicional, bajo un enfoque preventivo y con respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, en la misma sesión, la comisión rechazó —con 13 votos a favor, dos en contra y seis abstenciones— iniciativas para ampliar derechos en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que incluían beneficios para hijos adoptivos y permisos de adopción y paternidad.
El argumento central fue la falta de evidencia sobre una necesidad real de reforma, así como riesgos financieros para el sistema de pensiones militares, al no contar las propuestas con estudios actuariales ni fuentes claras de financiamiento. También se advirtió sobre posibles simulaciones en adopciones cercanas al retiro.
En paralelo, la Comisión ratificó —con 21 votos— el rechazo a diversas iniciativas que buscaban modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con el dictamen, las propuestas no justifican alterar el marco legal vigente ni el control estatal sobre el armamento.
El análisis legislativo advierte que flexibilizar el acceso a armas podría implicar riesgos como el uso desproporcionado de la fuerza, debilitamiento en los mecanismos de control y afectaciones a la seguridad pública, protegida por los artículos 10 y 21 constitucionales.
El paquete de decisiones refleja una línea legislativa que apuesta por reforzar capacidades existentes —como el despliegue de la Guardia Nacional en materia ambiental—, mientras mantiene sin cambios esquemas sensibles como el control de armas y el régimen de seguridad social militar.