El Congreso del Estado de México avanza hacia la tipificación de la violencia ácida o química como delito autónomo, con sanciones que podrían alcanzar hasta 65 años de prisión en casos extremos, en un intento por cerrar vacíos legales y garantizar justicia a víctimas de una de las formas más brutales de agresión contra mujeres.
Durante el foro “Violencia Química o Ácida: Hacia su reconocimiento, prevención y sanción en el Estado de México”, legisladores de la LXII Legislatura, activistas y autoridades coincidieron en la urgencia de reconocer este tipo de violencia como un delito independiente, que no sea minimizado como lesiones simples y que contemple agravantes claras.
La diputada Zaira Cedillo Silva (Morena), impulsora de la iniciativa, advirtió que estas agresiones buscan “arrebatar proyectos de vida” y subrayó que su propuesta plantea penas de hasta 20 años de prisión cuando exista desfiguración permanente o daño irreversible en órganos o sentidos. En casos de violencia de género, la sanción podría elevarse hasta 33 años y cuatro meses.
Sin embargo, ajustes a la iniciativa, promovidos por la legisladora Nelly Brígida Rivera Sánchez, endurecen aún más el castigo: contemplan penas de hasta 58 años, e incluso 65 años de prisión si el ataque deriva en la muerte o suicidio de la víctima.
Entre las agravantes se incluyen ataques cometidos en presencia de hijas o hijos, en espacios públicos, contra personas vulnerables o cuando exista relación sentimental, de confianza o conyugal con la víctima, lo que duplicaría la pena.
El foro contó con la participación de María Elena Ríos Ortiz, saxofonista y sobreviviente de un ataque con ácido, quien ha impulsado la llamada “Ley Malena”. La activista destacó que este tipo de violencia ya ha sido reconocido en 18 entidades del país, pero insistió en la necesidad de armonizar las legislaciones locales para evitar impunidad.
Autoridades estatales también alertaron sobre la falta de registros oficiales completos. De acuerdo con datos expuestos por la Secretaría de las Mujeres, desde 1988 y hasta 2023 se han documentado al menos 36 casos en México, aunque organizaciones civiles advierten que la cifra real podría ser mayor.
Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), se advirtió que mientras estas agresiones se sigan clasificando como lesiones, se invisibiliza su gravedad y se limita el acceso a justicia. Además, las víctimas enfrentan revictimización, falta de peritajes especializados y escaso acceso a tratamientos reconstructivos.
Especialistas del sector salud señalaron que la atención a víctimas debe incluir cirugías reconstructivas, atención psicológica permanente y acompañamiento integral, lo que implica una mayor asignación presupuestal.
En paralelo, juezas del Poder Judicial mexiquense reconocieron que la tipificación autónoma representaría un cambio de paradigma, al permitir dimensionar correctamente la gravedad del delito y fortalecer la capacidad del Estado para sancionar y prevenir estas agresiones.
El Congreso mexiquense perfila así una reforma que no solo endurece penas, sino que busca establecer un sistema integral de atención, reparación del daño y registro de víctimas, en medio de una presión creciente por reconocer la violencia química como una forma extrema de violencia de género.