Pone en marcha el Gobierno del Estado de México un modelo de atención multidisciplinaria que concentra en un solo espacio servicios legales, psicológicos, médicos y sociales para víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, con énfasis en mujeres, niñas, niños, adolescentes y sus familias.
A través del denominado Centro LIBRE, la administración estatal busca eliminar la fragmentación institucional que históricamente ha obligado a las víctimas a recorrer distintas dependencias para recibir atención. El nuevo esquema permitirá acceder, en un mismo lugar, a orientación jurídica, apoyo psicológico, atención médica, trabajo social y acompañamiento institucional por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM).
Durante el arranque del proyecto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que el modelo responde a diagnósticos y evaluaciones realizadas en las Mesas de Paz, donde se identificó la necesidad de simplificar los procesos de atención y reducir los tiempos de respuesta. Sin embargo, el reto, reconocen especialistas, será garantizar que la centralización no derive en saturación operativa ni en rezagos en la atención.
El proyecto se sustenta en un Convenio de Coordinación firmado entre la CEAVEM, la Consejería Jurídica y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, encabezado por Adolfo Cerqueda Rebollo, con el objetivo de consolidar un modelo que coloque a las víctimas en el centro de la política pública.
De acuerdo con cifras oficiales, el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral ha destinado 91.7 millones de pesos en lo que va de la administración para la atención a víctimas. En ese periodo se reportan más de 308 mil servicios de acompañamiento en audiencias y ante el Ministerio Público, 65 mil atenciones psicológicas, 78 mil apoyos médicos y de trabajo social, así como más de tres mil asesorías jurídicas de primer contacto.
A pesar del volumen de servicios, organizaciones civiles han advertido que el acceso efectivo a la justicia no solo depende de la cobertura institucional, sino de la calidad del seguimiento de los casos y de la reparación integral del daño, aspectos que históricamente han mostrado rezagos en el país.
La estrategia estatal se complementa con programas como Canasta Alimentaria y Valentina, dirigidos a menores en situación de orfandad, en un intento por atender las consecuencias sociales derivadas de la violencia. No obstante, el llamado de las autoridades a fortalecer la cultura de la denuncia pone sobre la mesa uno de los principales desafíos: la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de procuración de justicia.
Al evento acudieron integrantes del gabinete estatal y autoridades municipales, entre ellos Horacio Duarte Olivares, Jesús George Zamora, María Esther Rodríguez Hernández y Luis Miguel Carriedo Téllez, quienes respaldaron la implementación del modelo.