Aprueba el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el procedimiento para organizar el voto de las personas en prisión preventiva, que por primera vez será aplicado en un proceso electoral judicial, específicamente para la elección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El acuerdo se sustenta en un estudio de viabilidad que establece las condiciones para garantizar el ejercicio del sufragio de esta población, bajo el principio de presunción de inocencia, así como los alcances del modelo de votación en contextos distintos al resto del electorado.
Durante la sesión, el consejero Martín Faz Mora explicó que el diseño del mecanismo responde a un mandato jurisdiccional que reconoce los derechos político-electorales de las personas en prisión preventiva, aunque advirtió que uno de los principales retos será garantizar el voto informado en entornos con acceso limitado a la información y sin participación de partidos políticos.
El análisis también identifica como un desafío la disponibilidad de recursos presupuestales suficientes para la implementación del modelo, que incluye personal especializado, traslados y procesos de capacitación, al advertir que la falta de financiamiento podría afectar el ejercicio efectivo de este derecho.
De acuerdo con el documento, el voto de esta población es viable bajo condiciones específicas, por lo que será el propio Consejo General quien determine el alcance y las modalidades de su aplicación en el proceso electoral del Poder Judicial 2026-2027, así como la posibilidad de ampliar este mecanismo a otros cargos en el futuro.
En la misma sesión, el órgano electoral dio cumplimiento a resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que derivaron en la imposición de amonestaciones públicas y la reducción de una sanción económica a personas candidatas a juzgadoras.
Especialistas en materia electoral consideran que este avance representa un paso en el reconocimiento de derechos político-electorales de sectores históricamente excluidos, aunque advierten que su implementación requerirá supervisión para garantizar condiciones de equidad y transparencia.