CIUDAD DE MÉXICO / CULIACÁN.— Surgen señalamientos desde Estados Unidos que vinculan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con presuntas investigaciones por narcotráfico, lo que ha detonado reacciones políticas y solicitudes de aclaración en México, sin que hasta el momento exista confirmación oficial pública de una acusación formal en su contra.
De acuerdo con versiones difundidas en distintos espacios informativos y políticos, autoridades estadounidenses habrían abierto líneas de investigación relacionadas con posibles vínculos entre funcionarios sinaloenses y grupos del crimen organizado. Sin embargo, no se ha hecho público un documento judicial verificable —como una acusación formal (indictment) con número de caso— que confirme dichos señalamientos.
Ante este escenario, el propio mandatario estatal rechazó las acusaciones, las calificó como “infundadas” y aseguró que se trata de un intento de desinformación. Sostuvo que continuará en funciones mientras se esclarecen los hechos.
En el ámbito federal, la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que, en casos de cooperación internacional, es necesario contar con información oficial y pruebas formales para proceder conforme a derecho, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha reiterado que cualquier acción bilateral debe apegarse a los canales institucionales y acuerdos vigentes.
El caso ha generado una rápida polarización en el ámbito político nacional. Mientras actores cercanos al oficialismo advierten sobre una posible injerencia externa, legisladores de oposición han solicitado esclarecer los hechos e incluso han planteado la necesidad de revisar la permanencia del mandatario en el cargo, en caso de confirmarse las acusaciones.
Especialistas en seguridad y derecho internacional consultados coinciden en que, de existir una investigación formal en Estados Unidos contra un funcionario en funciones, el proceso implicaría etapas claramente definidas, como la presentación de cargos ante una corte federal, órdenes de aprehensión y solicitudes formales de cooperación o extradición, lo cual, hasta ahora, no ha sido corroborado públicamente.
El tema se da en un contexto de alta sensibilidad en la relación México–Estados Unidos en materia de seguridad, donde la coordinación bilateral enfrenta tensiones recurrentes por el combate al narcotráfico, el flujo de fentanilo y la actuación de agencias extranjeras en territorio mexicano.
Por ahora, el caso permanece en el terreno de los señalamientos y la disputa política, a la espera de información oficial que permita confirmar o descartar las versiones difundidas.