Aprueban por unanimidad en la Cámara de Diputados reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que buscan garantizar el acceso a servicios de salud, vivienda adecuada y pensiones no contributivas, en un intento por fortalecer los derechos de este sector de la población.
Con 455 votos a favor, el dictamen fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación, en un contexto donde persisten rezagos estructurales en materia de inclusión social y acceso a servicios básicos.
La reforma establece que la Secretaría de Salud deberá promover el derecho de las personas con discapacidad a alcanzar el más alto nivel posible de salud, con énfasis en la rehabilitación y habilitación, priorizando a menores de 18 años. Asimismo, se contempla la incorporación gratuita al programa IMSS-Bienestar para quienes lo requieran.
El dictamen también obliga a brindar atención sin discriminación, mediante programas diseñados con criterios de calidad, especialización, perspectiva de género y accesibilidad económica.
En materia social, la Secretaría de Bienestar será responsable de garantizar la entrega de pensiones no contributivas a personas con discapacidad permanente menores de 65 años, además de reconocer el derecho a una vivienda adecuada.
La reforma incluye la actualización de términos institucionales, sustituyendo a la extinta Secretaría de Desarrollo Social por la actual Secretaría de Bienestar, y busca armonizar la legislación secundaria con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución.
Durante la discusión, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra señaló que la iniciativa responde a una deuda histórica con las personas con discapacidad, al advertir que las barreras no solo son físicas, sino estructurales, desde la falta de infraestructura incluyente hasta limitaciones en el acceso a servicios de salud y educación.
Aunque el dictamen es presentado como un avance en justicia social, especialistas han advertido que su efectividad dependerá de la asignación presupuestal y de la capacidad institucional para garantizar la implementación de los programas en todo el país.
El documento subraya que la armonización legal permitirá dotar de certeza jurídica a los programas sociales y consolidarlos como derechos exigibles, bajo principios de inclusión, accesibilidad y no discriminación, en línea con estándares nacionales e internacionales.