“Las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones y con la participación activa de la sociedad civil”, afirmó Andrea Pochak durante la presentación del informe “Desaparición de Personas en México”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que el organismo advierte que el país enfrenta una grave crisis humanitaria relacionada con este delito.
El documento expone avances, rezagos y desafíos de las políticas implementadas por el Estado mexicano desde 2018 para enfrentar la desaparición de personas, fenómeno que —según la CIDH— continúa afectando a diversos sectores sociales y mantiene altos niveles de impunidad.
De acuerdo con el informe, hasta junio de 2025 se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas en México, mientras que estimaciones independientes calculaban la existencia de más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar.
La Comisión señala que gran parte de las desapariciones están vinculadas al crimen organizado; sin embargo, advierte que las desapariciones forzadas cometidas por funcionarios públicos o con presunta participación de autoridades de seguridad y procuración de justicia no han sido erradicadas completamente.
El informe también documenta condiciones particulares que afectan a niñas, niños y adolescentes reclutados o involucrados por grupos criminales, mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y migrantes expuestos a riesgos durante sus rutas de tránsito.
La CIDH sostuvo que uno de los principales desafíos sigue siendo la prevención y la capacidad institucional para investigar y sancionar los casos, debido a la baja judicialización, la escasa emisión de sentencias y deficiencias en los procesos de investigación.
Entre los problemas identificados destacan la falta de planes de investigación sólidos, deficiencias periciales, miedo a denunciar y una carga excesiva trasladada a las familias buscadoras, quienes en muchos casos continúan realizando labores de localización ante la insuficiencia institucional.
La Comisión reconoció, no obstante, algunos avances recientes impulsados por el Estado mexicano, entre ellos la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la reforma legislativa de 2025 construida —según autoridades— con participación de colectivos y familiares de víctimas.
Durante la presentación del informe participaron representantes del Gobierno federal, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, quien sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional.
“Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias”, afirmó el funcionario.
Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, aseguró que la cooperación internacional y la coordinación institucional serán fundamentales para enfrentar el fenómeno.
Entre las acciones destacadas por el Gobierno federal se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la creación de fiscalías especializadas y la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición.
La CIDH valoró además la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020 y la creación de áreas especializadas de atención a familiares y colectivos; sin embargo, advirtió que persisten retos importantes en identificación humana, coordinación interinstitucional y acceso efectivo a la justicia.
El organismo internacional emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, entre ellas fortalecer las capacidades forenses, garantizar búsquedas inmediatas diferenciadas, mejorar la interoperabilidad de registros y bancos de datos, así como garantizar apoyo económico y protección a familias buscadoras.
El acto contó con la presencia de colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles, representantes diplomáticos y agencias internacionales, en medio de una crisis que continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en México.