La presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en Chihuahua desató una confrontación política entre Morena y el gobierno estatal encabezado por Maru Campos, en medio de acusaciones sobre una posible violación a la soberanía nacional y señalamientos de uso político del caso.
La polémica surgió tras el operativo efectuado el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde autoridades estatales y federales desmantelaron un presunto narcolaboratorio vinculado al crimen organizado.
Dirigentes y legisladores de Morena sostienen que durante el despliegue habrían participado agentes estadounidenses sin autorización formal del gobierno federal mexicano, situación que —afirman— podría representar una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
El movimiento oficialista exigió una investigación sobre los hechos y promovió señalamientos políticos contra la gobernadora Maru Campos, a quien acusa de permitir presunta injerencia extranjera en tareas de seguridad.
El tema escaló el pasado 16 de mayo durante una movilización denominada “Por la Seguridad de Chihuahua y la Defensa de la Soberanía Nacional”, encabezada por dirigentes morenistas como Ariadna Montiel, Andrés Manuel López Beltrán y Andrea Chávez.
En contraste, el gobierno estatal y dirigentes del Partido Acción Nacional rechazaron las acusaciones y calificaron el caso como una estrategia de confrontación política impulsada por Morena.
La administración de Maru Campos sostuvo que el operativo representó un golpe importante contra estructuras criminales y negó haber solicitado o autorizado formalmente la participación de agentes extranjeros.
Asimismo, funcionarios estatales señalaron que Chihuahua mantiene colaboración institucional en materia de seguridad dentro del marco legal establecido.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial pública sobre la identidad o funciones específicas de los presuntos agentes extranjeros señalados en el operativo.
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación relacionada con los hechos y con la posible participación de personal extranjero en acciones de seguridad dentro del territorio nacional.
El caso ocurre en un contexto de creciente polarización política entre gobiernos estatales de oposición y el oficialismo federal, particularmente en temas relacionados con seguridad pública, combate al narcotráfico y cooperación internacional.