La Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual propone que la próxima elección judicial federal y local se realice el primer domingo de junio de 2028.
La propuesta plantea modificaciones constitucionales para redefinir las reglas de organización, evaluación y desarrollo de los procesos electorales judiciales, así como ajustes en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el funcionamiento de los Comités de Evaluación y las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
Entre los cambios centrales destaca que la SCJN permanezca integrada por nueve ministras y ministros, quienes operarían en Pleno y mediante dos secciones especializadas.
La iniciativa también busca homologar la fecha de la revocación de mandato con las jornadas electorales federales o locales, además de establecer nuevas reglas para la selección de candidaturas judiciales, con mecanismos de insaculación pública y criterios obligatorios de paridad de género.
El documento propone que cada Poder de la Unión integre un Comité de Evaluación conformado por cinco especialistas en materia jurídica, quienes serían responsables de verificar requisitos, aplicar metodologías homologadas y seleccionar perfiles para los cargos judiciales.
Asimismo, contempla reducir el número de candidaturas por cargo y blindar el proceso electoral para evitar modificaciones posteriores a los resultados y asignaciones definitivas.
De acuerdo con la propuesta, el INE tendría facultades para reorganizar distritos judiciales, distribuir candidaturas por especialidad y garantizar que los electores voten por todas las materias jurisdiccionales correspondientes a su circuito.
La iniciativa también establece que las boletas electorales judiciales deberán distinguir al Poder postulante, el género y las especialidades de cada candidatura.
Otro de los puntos relevantes es que las personas juzgadoras que aspiren a otro cargo judicial mediante elección deberán renunciar de manera irrevocable antes de registrarse al proceso.
En el régimen transitorio se establece que todos los cargos judiciales federales y locales pendientes de renovación, así como vacantes no incluidas en la elección de 2025, deberán someterse a elección en 2028.
Además, magistradas y magistrados cuyo encargo concluía originalmente en 2027 permanecerían en funciones hasta que asuman quienes resulten electos en la jornada judicial de 2028.
La propuesta presidencial también prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales adecuen sus leyes secundarias y constituciones locales una vez aprobada la reforma.
El documento sostiene que las modificaciones buscan “perfeccionar las reglas del proceso electoral judicial”, fortalecer la confianza pública y consolidar un Poder Judicial con mayor legitimidad democrática y responsabilidad institucional frente a la ciudadanía.