La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un mecanismo que busca fortalecer los controles preventivos sobre aspirantes a cargos de elección popular.
La propuesta plantea reformar y adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) con el objetivo de que partidos políticos y personas aspirantes a candidaturas independientes puedan solicitar, de manera voluntaria, revisiones de riesgo sobre perfiles que pretendan competir en elecciones federales y locales.
De acuerdo con la iniciativa presidencial, la nueva comisión trabajaría en coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y fiscalización financiera para detectar posibles riesgos relacionados con actividades delictivas.
El documento señala que los partidos políticos podrán entregar total o parcialmente los listados de aspirantes antes de registrarlos formalmente ante la autoridad electoral.
Asimismo, la propuesta establece que las personas aspirantes deberán manifestar su consentimiento para que sus perfiles sean sometidos a análisis de riesgo, información que posteriormente serviría a los partidos para determinar la procedencia de una candidatura.
La iniciativa precisa que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas estaría integrada por cinco consejeras o consejeros electorales con una presidencia rotativa anual y periodos de gestión de tres años.
Entre sus atribuciones se contempla recibir información de partidos políticos y candidaturas independientes, canalizarla a instancias competentes y notificar únicamente a quienes solicitaron la revisión sobre la existencia o no de riesgos razonables detectados por autoridades.
El proyecto subraya que la información derivada de los análisis no sería pública y estaría protegida bajo criterios de confidencialidad.
“La constitución de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas surge como una medida preventiva, legítima y necesaria para fortalecer el sistema democrático, consolidar la confianza ciudadana y proteger la integridad de los procesos electorales”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.
El documento también sostiene que la propuesta no pretende sustituir funciones ministeriales o judiciales, sino crear mecanismos preventivos que permitan a los partidos políticos tomar decisiones con mayor información sobre las personas que buscan postular.
La iniciativa fue enviada el pasado 22 de mayo a la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual discusión legislativa.
Especialistas y actores políticos prevén que la propuesta genere debate en torno a los alcances de la revisión de perfiles, la protección de datos personales y los criterios para determinar riesgos en materia electoral.