“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia”, advirtió la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, al referirse a la iniciativa de reforma electoral que propone crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
Durante un posicionamiento ante medios de comunicación, Taddei Zavala señaló que el Instituto acompañará técnicamente el debate legislativo sobre la propuesta enviada el pasado 22 de mayo por la Presidencia de la República, aunque insistió en que deben delimitarse claramente las facultades institucionales para evitar que el órgano electoral pierda su carácter neutral.
La iniciativa plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para incorporar un mecanismo de revisión de perfiles de candidaturas mediante una nueva comisión integrada por cinco consejerías electorales con presidencia rotativa anual.
De acuerdo con la propuesta, partidos políticos y candidaturas independientes podrían entregar voluntariamente listas de aspirantes para que autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera realicen análisis de riesgo sobre posibles vínculos con actividades ilícitas. Posteriormente, las instancias correspondientes comunicarían al INE la existencia o no de un “riesgo razonable”.
Ante ello, la presidenta del INE subrayó que el Instituto no cuenta con facultades ministeriales ni judiciales para determinar la probidad de personas aspirantes a cargos públicos.
“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política”, alertó.
Taddei Zavala sostuvo que la responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde exclusivamente a autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública. “Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, puntualizó.
No obstante, aseguró que en caso de que el Congreso apruebe la reforma, el INE acatará el mandato legal y trabajará en su implementación bajo criterios de responsabilidad institucional.
Además de la Comisión de Verificación de Integridad, la iniciativa presidencial también contempla incorporar una causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, tema que obligaría al Instituto a desarrollar nuevos lineamientos y mecanismos de supervisión relacionados con financiamiento y participación externa en procesos electorales.
Finalmente, la consejera presidenta consideró que el combate a posibles intentos de infiltración de intereses ilícitos en la política requiere coordinación entre todas las instituciones del Estado mexicano, aunque insistió en que cada autoridad debe actuar dentro de los límites de sus atribuciones constitucionales.