“Va a quedar que sea el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional”, afirmó el diputado Reginaldo Sandoval Flores al defender una de las modificaciones incorporadas al dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial, además de establecer nuevas disposiciones para la revocación de mandato y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El dictamen fue avalado en lo particular con mayoría calificada de 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, tras la incorporación de diversas reservas presentadas por legisladores de Morena, PT y PVEM.
Uno de los cambios más relevantes establece que la elección judicial federal se realizará el primer domingo de junio de 2028, modificando el calendario originalmente previsto para 2027 dentro de la reforma judicial impulsada el año pasado.
Asimismo, el pleno aprobó una modificación al artículo 35 constitucional para precisar que la consulta de revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del cuarto año del periodo presidencial, con el objetivo de evitar que coincida con elecciones federales intermedias o presidenciales.
Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron la medida al considerar que podría coincidir con procesos electorales locales en algunas entidades, mientras que los grupos parlamentarios que respaldaron la reforma argumentaron que brinda mayor claridad al calendario electoral y fortalece la organización de los ejercicios democráticos.
Otro de los cambios aprobados permite que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que actualmente se encuentran en funciones puedan participar como candidatos en la elección judicial federal de 2028.
La reserva fue impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien sostuvo que la medida busca garantizar un trato igualitario respecto de otros integrantes del Poder Judicial que podrán contender bajo el nuevo esquema de elección popular.
La propuesta generó posiciones encontradas incluso entre legisladores del bloque mayoritario. Mientras algunos defendieron la posibilidad de que los magistrados participen en igualdad de condiciones, otros advirtieron que podría extender de manera significativa su permanencia en cargos jurisdiccionales.
En materia de organización judicial, la reforma también modifica el artículo 94 constitucional para establecer que la Suprema Corte estará integrada por nueve ministras y ministros que funcionarán en Pleno, aunque podrán operar mediante dos secciones cuando así lo determine el máximo tribunal.
Además, se fijó que las magistradas y magistrados de Circuito, así como juezas y jueces de Distrito que resulten electos en los comicios de 2028, ejercerán su encargo por un periodo de ocho años, que concluirá en 2036.
El dictamen deriva de iniciativas presentadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como de propuestas de legisladores de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano.
Tras su aprobación en San Lázaro, la reforma fue remitida al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo correspondiente.