La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene plenas facultades para atender reclamaciones relacionadas con servicios educativos privados, al reconocer que el pago de colegiaturas constituye una relación de consumo sujeta a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La resolución elimina cualquier controversia jurídica sobre la competencia de la Procuraduría para intervenir en conflictos entre usuarios y escuelas particulares, y fortalece la protección de los derechos de madres, padres de familia, tutores y estudiantes.
El fallo deriva de un litigio que se prolongó durante una década y que inició cuando una institución educativa privada impugnó una multa impuesta por la Profeco, tras no acudir a una audiencia de conciliación convocada por la autoridad.
El máximo tribunal determinó que el cobro de una contraprestación económica por la prestación de servicios educativos genera una relación de consumo, por lo que la intervención de la Profeco es legal y procedente.
Aunque la Procuraduría ha ejercido estas atribuciones desde hace más de tres décadas, esta es la primera ocasión en que la Suprema Corte se pronuncia expresamente sobre el tema.
Desde 1992 existen disposiciones administrativas y resoluciones judiciales que respaldan la actuación de la Profeco en la supervisión de escuelas privadas, particularmente en aspectos relacionados con la transparencia de costos, trámites, requisitos y condiciones de prestación de los servicios educativos.
La institución ha participado en procesos de conciliación por diversos conflictos, entre ellos cobros extraordinarios no establecidos en los contratos, condicionamientos para la titulación y requisitos adicionales no informados previamente a las familias.
Además, durante 2025 la Profeco y la Secretaría de Educación Pública (SEP) firmaron un convenio de colaboración para compartir información cuando se detecten posibles incumplimientos administrativos o regulatorios en los planteles privados, fortaleciendo los mecanismos de supervisión.
Entre las facultades de la Procuraduría se encuentra verificar que las instituciones educativas informen de manera clara y transparente sus colegiaturas, cuotas, tarifas, políticas de cancelación, términos y condiciones de contratación, además de vigilar que no se condicione la prestación del servicio educativo.
Ante este escenario, la Profeco recomendó a las familias comparar distintas opciones educativas, resolver cualquier duda antes de firmar contratos y corroborar que las escuelas cumplan con las disposiciones legales vigentes.
La resolución de la SCJN marca un precedente nacional en materia de protección al consumidor y refuerza los mecanismos de defensa para quienes contratan servicios educativos privados en México.