“Al puritito estilo de Morena, hacer todo rápido sin consulta ni consenso, hoy en día no tenemos una ley que verdaderamente nos pueda ayudar con una planeación de Ciudad”, afirmó la presidenta del PAN Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, al señalar que, seis años después de vencido el plazo legal, el Congreso capitalino continúa sin aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial.
La dirigente panista sostuvo que la falta de esta legislación genera incertidumbre jurídica y afecta el derecho de la ciudadanía a contar con una planeación urbana acorde con lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México.
Gutiérrez Ureña responsabilizó a Morena y a sus aliados de mantener estancado el tema, al recordar que han sido mayoría en el Congreso local durante las últimas legislaturas y, por tanto, tienen el control de la agenda parlamentaria y de los órganos de gobierno.
Aseguró que la creación de la Ley de Ordenamiento Territorial no fue incorporada en las agendas legislativas de 2024, 2025 y 2026, además de que no se realizaron las consultas obligatorias ni se asignaron recursos para cumplir con el mandato constitucional.
Por su parte, el diputado federal y vocero del PAN CDMX, Federico Döring, recordó que desde la entrada en vigor de la Constitución capitalina, en 2018, el Congreso local tenía la obligación de expedir dicha ley.
El legislador afirmó que, en lugar de avanzar en este ordenamiento, los recursos públicos se han destinado a otros proyectos, mientras persiste la ausencia de un marco jurídico actualizado para la planeación territorial de la capital.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno de la Ciudad utilice al ajolote como símbolo de identidad capitalina, pero no haya impulsado la consulta a los pueblos y barrios originarios, procedimiento que consideró indispensable para la elaboración de la nueva legislación.
El PAN capitalino advirtió que la falta de la Ley de Ordenamiento Territorial mantiene vigente la Ley de Desarrollo Urbano de 2010, la cual, aseguró, resulta incompatible con el marco constitucional aprobado en 2017.
De acuerdo con el partido, esta situación también provoca incertidumbre jurídica respecto a instrumentos como el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, los cuales —afirmó— carecen de un sustento legal actualizado, lo que podría favorecer prácticas de corrupción inmobiliaria.
Finalmente, el PAN CDMX sostuvo que la omisión legislativa también afecta el derecho de los pueblos y barrios originarios a participar de manera vinculante en las decisiones relacionadas con el ordenamiento de su territorio, al no haberse realizado las consultas previstas por la legislación vigente.