“Destruir armas de fuego reduce riesgos, pero no elimina las causas que originan la violencia. Para lograr resultados duraderos es necesario acompañar estas acciones con políticas públicas de prevención, desarrollo social e investigación”, afirmó Felipe Álvarez Mendoza, profesor de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del Centro Universitario Tianguistenco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, que se conmemora cada 9 de julio, el académico señaló que las campañas de canje y destrucción de armamento representan una herramienta útil para disminuir la circulación de armas y prevenir hechos violentos; sin embargo, advirtió que su impacto será limitado si no forman parte de una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la violencia.
Álvarez Mendoza explicó que factores como la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la discriminación y la falta de oportunidades continúan favoreciendo la incidencia delictiva, por lo que la prevención no puede recaer únicamente en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Indicó que enfrentar este fenómeno requiere la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, las instituciones educativas y la sociedad, con el propósito de fortalecer el tejido social y generar condiciones que reduzcan los factores de riesgo.
El especialista subrayó que las políticas públicas en materia de seguridad deben sustentarse en investigación científica y diagnósticos objetivos, ya que la evidencia permite comprender el origen de los fenómenos delictivos, evaluar la efectividad de las estrategias implementadas y diseñar acciones con mayores probabilidades de éxito.
En este contexto, destacó el papel de las universidades como generadoras de conocimiento y formadoras de especialistas capaces de analizar problemáticas complejas y proponer soluciones sustentadas en evidencia.
Asimismo, señaló que las instituciones de educación superior también contribuyen a anticipar desafíos emergentes relacionados con el tráfico ilícito de armas, la delincuencia vinculada al uso de nuevas tecnologías y la fabricación de armamento mediante impresión tridimensional, escenarios que exigen actualización permanente y un enfoque multidisciplinario.
Álvarez Mendoza consideró que la construcción de comunidades más seguras demanda fortalecer la educación, promover la cultura de la legalidad, incentivar el diálogo y ampliar las oportunidades de desarrollo para disminuir las condiciones que favorecen la comisión de delitos.
Finalmente, sostuvo que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene una responsabilidad estratégica al generar conocimiento, formar profesionales comprometidos con la cultura de paz y colaborar con autoridades y sociedad en el diseño de soluciones orientadas al bienestar colectivo.