“Esta reforma facilita el proceso de elección judicial, fortalece la armonización constitucional y responde a las áreas de oportunidad identificadas tras los primeros comicios; las instituciones deben mantenerse en constante evolución”, afirmó el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo durante la sesión en la que el Congreso del Estado de México aprobó la armonización de la Constitución local con la reforma federal en materia de elección judicial.
Con el voto mayoritario del Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, las y los diputados avalaron modificaciones constitucionales que permitirán que la renovación del Poder Judicial del Estado de México concluya mediante los comicios del primer domingo de junio de 2028, en lugar de 2027, como se contemplaba originalmente.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, José Francisco Vázquez Rodríguez, y busca armonizar la Constitución estatal con la reforma judicial federal, además de incorporar ajustes al modelo de organización y desarrollo de las futuras elecciones judiciales.
Durante la presentación del proyecto, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo destacó que la propuesta fue construida mediante consensos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y aseguró que incorpora las experiencias obtenidas durante los primeros procesos de elección judicial.
Entre los cambios aprobados destaca la creación de una Comisión Coordinadora, integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes del Estado, la cual será responsable de homologar criterios, verificar requisitos de los aspirantes y coordinar el proceso de evaluación y selección de candidaturas.
Asimismo, se establece un nuevo esquema de organización territorial mediante regiones y distritos judiciales electorales, además de modificaciones en el diseño de las boletas para facilitar la identificación de la especialidad jurisdiccional, el poder postulante y la condición de personas juzgadoras en funciones.
La reforma también amplía las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, que además de sus funciones sancionadoras podrá coordinar acciones de capacitación y actualización permanente con instituciones especializadas en formación judicial.
Durante el debate parlamentario, el diputado Octavio Martínez Vargas aseguró que las modificaciones no alteran los distritos ni las regiones judiciales existentes, sino que fortalecen aspectos operativos relacionados con la organización de la elección, el cómputo de votos y la publicación de resultados.
En contraste, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron reservas al dictamen. La diputada Leticia Mejía García (PRI) advirtió que la creación de la Comisión Coordinadora podría traducirse en un mecanismo adicional de control político sobre la selección de candidaturas, mientras que la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) consideró que las reformas evidencian improvisación y podrían afectar la independencia judicial.
Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) propuso incorporar mecanismos para verificar que las personas aspirantes no tengan vínculos con la delincuencia organizada, además de fortalecer constitucionalmente la Sala de Asuntos Indígenas y otorgar expresamente a la Escuela Judicial la responsabilidad de la capacitación; sin embargo, dichas reservas no fueron admitidas a discusión.
Cambios principales
Entre los aspectos más relevantes de la reforma destacan:
• La elección judicial estatal se realizará el primer domingo de junio de 2028, coincidiendo con la elección judicial federal.
• Se crea una Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación de candidaturas.
• El IEEM organizará el proceso electoral y definirá las regiones y distritos judiciales electorales.
• Las personas juzgadoras que aspiren a un cargo distinto deberán renunciar previamente a su puesto.
• Se incorpora constitucionalmente la Sala de Asuntos Indígenas dentro del Tribunal Superior de Justicia.
• Por única ocasión, las magistraturas y personas juzgadoras electas en 2028 ejercerán un periodo de ocho años, que concluirá en 2036.
Al tratarse de una reforma constitucional, el decreto deberá ser aprobado ahora por la mayoría de los 125 ayuntamientos del Estado de México para entrar en vigor.
Una vez cumplido ese procedimiento, las convocatorias para la elección judicial deberán emitirse a más tardar el 30 de abril de 2027, mientras que las personas electas rendirán protesta ante el Congreso local el 5 de septiembre de 2028, con lo que concluirá el proceso de renovación del Poder Judicial mexiquense.