“Una de las cuestiones básicas para combatir el feminicidio es la homologación del tipo penal y la posibilidad de que este delito se juzgue con perspectiva de género”, afirmó la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, al informar que el Congreso está a la espera de la iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expedir una Ley General en la materia.
La legisladora explicó que la Comisión Permanente recibirá la propuesta del Ejecutivo Federal para iniciar su análisis y, en su caso, enriquecerla con el propósito de construir un marco jurídico que contribuya a prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño ocasionado por el delito de feminicidio.
Castillo Juárez señaló que el objetivo es fortalecer las herramientas legales para enfrentar un delito que continúa afectando a mujeres y familias en todo el país.
De acuerdo con la información dada a conocer por el Gobierno de México, la iniciativa contempla cinco ejes principales: penas y agravantes; responsabilidades adicionales; investigación del feminicidio; derechos de las víctimas y reparación integral; así como prevención y atención de la violencia feminicida.
Uno de los puntos centrales del proyecto plantea homologar el tipo penal de feminicidio en todo el país, debido a que actualmente las entidades federativas lo regulan de manera distinta, lo que genera diferencias en la clasificación del delito, la aplicación de protocolos de investigación y la integración de información estadística.
La propuesta también prevé establecer penas de entre 50 y 70 años de prisión para quien cometa feminicidio e incorpora 19 agravantes, entre ellas que la víctima sea una niña, adolescente o adulta mayor; que el responsable sea un servidor público; que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o persona migrante, o que presente signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Asimismo, plantea que las personas sentenciadas por este delito pierdan derechos sucesorios, así como la tutela, guarda y custodia de menores y, en caso de tratarse de servidores públicos, sean destituidas e inhabilitadas para ejercer cargos públicos.
En materia de procuración de justicia, la iniciativa propone que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género y mediante protocolos especializados.
Además, establece que las investigaciones deberán iniciarse de oficio y de manera inmediata, y que tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales cuenten con unidades especializadas que garanticen atención permanente y la continuidad de las indagatorias.
Laura Itzel Castillo Juárez indicó que, una vez que la iniciativa sea enviada al Congreso de la Unión, el Senado iniciará el proceso de análisis y discusión para fortalecer el contenido de la propuesta y dotar al país de un instrumento jurídico que contribuya a mejorar la prevención, investigación y sanción del feminicidio, así como la protección integral de las víctimas y sus familias.