El presidente de la Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Rafael Hernández Soriano (PRD), aseguró que autoridades federales y del Estado de México han sido omisas ante 65 denuncias presentadas sobre la construcción de la nueva terminal aérea.
El legislador afirmó que ya se presentaron tres denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y el resto las presentaron ante diversas instancias, federales y estatales, habitantes de municipios aledaños a la construcción en el Estado de México, colindante con el oriente de la Ciudad de México.
El diputado perredista informó que ayer miércoles acudió a la PGR, donde él interpuso desde noviembre pasado tres denuncias penales por la presunta utilización de combustible robado, conocido como “huachicol”, para el transporte de materiales pétreos en la obra.
Hernández Soriano apuntó que el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, le dijo que no ha habido avances al respecto.
“Transcurriendo meses de que yo presenté las denuncias que a él le competen, la respuesta que nos da (el encargado del despacho) es prácticamente la misma que nos dan las autoridades del Estado de México: que no han avanzado, que no hay un solo detenido, no hay una investigación contra algún funcionario público”, comentó.
Refirió que en San Agustín Actipac, Teotihuacán, hay evidencia de que existe un depósito de gasolina robada, custodiado por hombres armados, del que se surten los camiones que transportan los minerales hasta el lugar donde se construye la nueva terminal aérea.
Anunció que en los próximos días presentará una ampliación de pruebas para reforzar las 65 denuncias, que son por daños ambientales, arqueológicos y por uso de combustibles ilícitos y de explosivos sin licencias correspondientes en las minas.
Sostuvo que las denuncias se presentaron ante autoridades federales y estatales, entre ellas la PGR, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México y la Procuraduría de Justicia de esa entidad.
El legislador insistió en que las autoridades federales y estatales están siendo omisas en la supervisión de las obras y aseveró que, como parte de la ampliación de pruebas, entregará videos de un recorrido por la zona de Teotihuacán, en compañía de funcionarios estatales y federales que, según dijo, constataron la existencia de combustible robado.
“Los funcionarios, de acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, tienen la obligación de denunciar. No han presentado ni una sola denuncia”, indicó.
Agregó que “están siendo cómplices en el delito de robo de hidrocarburos, por lo menos omisos e irresponsables, en la supervisión de las obras”.
También señaló que robustecerá la solicitud de juicio político que cinco diputados del PRD presentaron en la Cámara de Diputados, en julio de 2017, en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, por violaciones graves a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.