Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la LXII Legislatura comenzaron el análisis de las iniciativas que modificarían de fondo el modelo de transparencia mexiquense.
En la mesa se encuentran las propuestas de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentadas por el diputado de Morena Gerardo Pliego Santana y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, además de la iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados promovida por la mandataria estatal.
El cambio de mayor alcance es la sustitución del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) y la creación de Transparencia Mexiquense.
Morena: no se necesita más burocracia
Gerardo Pliego defendió la reforma bajo el argumento de que gran parte de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a la información ya se encuentra en funcionamiento, por lo que el nuevo esquema podría operar bajo criterios de austeridad.
“Entonces, no es necesario ningún gasto adicional ni que se contrate más personal ni que haya más burocracia, pues el sistema ya prácticamente está funcionando”, afirmó.
El legislador recordó que el Estado de México dispone del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense y que los poderes públicos, ayuntamientos y organismos autónomos cuentan con unidades encargadas de atender las solicitudes ciudadanas.
Pliego señaló que su iniciativa y la presentada por Delfina Gómez coinciden en términos generales, aunque su propuesta incorpora la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano.
El diputado morenista Israel Espíndola López puso sobre la mesa otro de los puntos sensibles de la reforma: qué ocurrirá con los procedimientos que actualmente se encuentran en manos del Infoem.
“Ninguna solicitud de datos puede perderse, ningún recurso puede quedar abandonado, ningún expediente puede extraviarse, ningún sistema puede dejar de funcionar”, advirtió.
También pidió garantizar los derechos laborales y aprovechar la experiencia del personal que actualmente trabaja en el organismo.
PRD advierte pérdida de contrapesos
Desde la oposición, el diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD, cuestionó que la desaparición de un organismo autónomo pueda traducirse en una mejor protección del derecho de acceso a la información.
El legislador consideró que el nuevo esquema podría representar un retroceso al distribuir las funciones de garantía entre diferentes autoridades.
Uno de sus cuestionamientos se centró en que Transparencia Mexiquense atendería asuntos relacionados con el Poder Ejecutivo y los municipios, mientras los poderes Judicial y Legislativo contarían con sus propias autoridades garantes.
La diputada perredista Araceli Casasola Salazar también planteó dudas sobre la capacidad operativa del nuevo modelo y cuestionó cómo podrían atenderse las solicitudes ciudadanas con menos presupuesto y personal.
¿Quién asumirá las funciones del Infoem?
Durante el análisis legislativo, representantes del gobierno estatal explicaron parte de la estructura que sustituiría al actual organismo.
Javier de Jesús Domínguez González, director general de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, señaló que desaparecerían las consejerías del Infoem, así como sus áreas jurídica, administrativa, de contraloría y las encargadas de sistemas digitales y de información.
Sus funciones serían asumidas por la Secretaría de la Contraloría del Estado de México.
De acuerdo con el esquema expuesto, Transparencia Mexiquense tendría competencia sobre el Poder Ejecutivo estatal y los municipios.
En contraste, la Contraloría Interna del Poder Judicial, la Contraloría del Poder Legislativo y los órganos internos de control o equivalentes de los organismos autónomos funcionarían como autoridades garantes dentro de sus respectivos ámbitos.
Fernando Aarón Acosta García, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría, y Carla Patricia Colín Romero, coordinadora administrativa, aseguraron que la dependencia pondrá su estructura a disposición del nuevo órgano para realizar la transición.
Los sujetos obligados, señalaron, deberán continuar respondiendo las solicitudes de información que reciban.
Derechos ARCO permanecerían
La reforma propuesta en materia de protección de datos personales contempla mantener los denominados derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
El paquete legislativo también plantea modificaciones a las leyes Orgánica de la Administración Pública, de Archivos y Administración de Documentos y del Sistema Anticorrupción, además de los códigos Administrativo y Financiero del Estado de México.
Los cambios buscan armonizar las atribuciones de las instituciones que asumirían las nuevas responsabilidades y eliminar de la legislación las referencias al Infoem.
De acuerdo con las exposiciones de motivos, el nuevo modelo pretende conservar procedimientos sencillos, expeditos, oportunos y gratuitos para acceder a la información pública y mantener la protección de los datos personales.
Sin embargo, el debate apenas comienza.
El punto de fondo será determinar si desaparecer al Infoem realmente permitirá ahorrar recursos sin debilitar los contrapesos institucionales y, especialmente, si el nuevo modelo conservará la capacidad de la ciudadanía para inconformarse y exigir información a los propios poderes públicos.
Las iniciativas continuarán su análisis en comisiones antes de avanzar hacia una eventual dictaminación y votación en el Congreso mexiquense.