“México cuenta con un marco jurídico y técnico para regular la calidad del agua, pero es igualmente importante fortalecer la difusión de la información generada por las autoridades”, señaló el diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo, al presentar un Punto de Acuerdo para pedir a la Conagua y a la Cofepris reforzar la evaluación del agua potable.
La propuesta plantea fortalecer la evaluación de la calidad del agua suministrada por sistemas municipales, con especial atención en zonas urbanas y bajo los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021.
El legislador también propuso que los resultados de las evaluaciones sean publicados mediante mecanismos de consulta pública que sean accesibles y comprensibles para la población, acompañados de recomendaciones sanitarias cuando se identifiquen posibles riesgos.
Ambriz Delgadillo recordó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene entre sus atribuciones la administración y preservación de las aguas nacionales, además de la generación de información técnica sobre su calidad. Por su parte, la Cofepris tiene funciones de vigilancia sanitaria relacionadas con el agua destinada al consumo humano.
El diputado advirtió que la presencia de microorganismos patógenos y sustancias como arsénico, flúor y metales pesados puede representar riesgos para la salud, al estar asociada con enfermedades gastrointestinales, afectaciones neurológicas y renales, fluorosis y otros padecimientos crónicos.
La NOM-127-SSA1-2021 establece los límites de parámetros físicos, químicos, microbiológicos y radiactivos que debe cumplir el agua destinada al consumo humano. En tanto, la NOM-179-SSA1-2020 establece criterios para la vigilancia y evaluación de los sistemas de abastecimiento de agua.
El planteamiento busca que la información generada por las autoridades no sólo sea recopilada, sino que también pueda ser consultada y comprendida por la ciudadanía.
De acuerdo con el legislador, contar con datos claros y oportunos sobre la calidad del agua permitiría fortalecer la transparencia y facilitar que la población adopte medidas preventivas ante posibles riesgos sanitarios.


