“Lo que encuentra la Auditoría solo puede terminar en la cárcel si encuentra voluntad política de la Fiscalía”, afirmó el diputado federal del PAN Federico Döring, al exigir una investigación por las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contratos celebrados entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
De acuerdo con los legisladores panistas, la ASF identificó un posible desvío de 71.5 millones de pesos relacionado con dos contratos para el desarrollo de la plataforma digital DIGIPRiS. Ante estos señalamientos, solicitaron a la Secretaría Anticorrupción investigar a los titulares de ambas instituciones: Arturo Reyes, director general del IPN, y Víctor Hugo Borja, titular de Cofepris.
Federico Döring calificó el caso como un esquema similar a la llamada “Estafa Maestra” y cuestionó que el IPN hubiera recurrido a subcontrataciones para realizar los trabajos relacionados con la plataforma.
Según la denuncia de los legisladores, entre las irregularidades señaladas se encuentran la contratación de empresas que presuntamente carecían de experiencia tecnológica, la triangulación de recursos, la simulación de entregables y la posterior contratación de personal del propio Politécnico.
La diputada federal Paulina Rubio sostuvo que los señalamientos son especialmente graves debido a que los recursos involucrados corresponden al sector salud. Afirmó que el caso se suma a otras controversias relacionadas con la administración de servicios y medicamentos.
Por su parte, la diputada local Laura Álvarez Soto cuestionó la existencia de presuntos casos de impunidad y señaló deficiencias en hospitales públicos, particularmente por falta de personal, medicamentos y condiciones adecuadas para la atención médica.
Los legisladores del PAN demandaron que las autoridades competentes investiguen las irregularidades señaladas por la ASF y determinen si existen responsabilidades administrativas o penales.
Hasta que concluyan las investigaciones y, en su caso, los procedimientos correspondientes, las acusaciones deberán ser consideradas como señalamientos y no como responsabilidades legalmente acreditadas.