El ánimo de las empresas mexicanas para invertir registró su mayor caída anual desde que comenzó a medirse en 2020, de acuerdo con la más reciente medición de DataCoparmex. Sólo 23 por ciento de los socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana considera que existen condiciones favorables para realizar nuevas inversiones.
El indicador registró una disminución de 16.5 puntos porcentuales frente a la medición anterior, cuando alcanzó 39.5 por ciento. La caída ocurre mientras también disminuyen los planes de expansión de las empresas, que pasaron de 62.8 a 50.3 por ciento en un año.
La incertidumbre económica aparece como el principal obstáculo para el crecimiento empresarial, seguida de la inseguridad y la incertidumbre política. Los empresarios también señalaron el incremento en el costo de los insumos como un factor que limita sus posibilidades de expansión.
Los resultados fueron obtenidos a partir de 4 mil 21 encuestas realizadas entre el 31 de marzo y el 12 de junio de 2026, con participación de los 71 Centros Empresariales de Coparmex en las 32 entidades del país.
La medición también revela el impacto de la inseguridad sobre el sector privado. El 45.6 por ciento de los socios consultados afirmó haber sido víctima de algún delito, lo que representa prácticamente a una de cada dos empresas.
La extorsión fue el delito más reportado, con 18 por ciento de los casos, seguida del robo de mercancía en tránsito, con 17.9 por ciento.
Entre los casos de extorsión, 19.6 por ciento de los cobros fueron atribuidos a autoridades o personas que aparentaban serlo. Frente a este escenario, 58.7 por ciento de las empresas aseguró haber incrementado su gasto en seguridad.
El aumento de estos recursos representa para las compañías una mayor carga de operación y, de acuerdo con la organización empresarial, dinero que podría destinarse a inversión, contratación de personal o expansión.
Otro de los indicadores muestra que 46.9 por ciento de los empresarios tuvo problemas al realizar trámites gubernamentales. Aunque la proporción representa una reducción de dos puntos respecto a la medición anterior, todavía significa que cerca de cinco de cada diez empresas enfrentan dificultades en este ámbito.
Las compañías destinan en promedio 72.1 horas al mes a atender asuntos relacionados con el marco regulatorio. En el caso de las grandes empresas, el tiempo llega a 176.4 horas mensuales.
Entre los principales problemas identificados aparecen trámites relacionados con el Servicio de Administración Tributaria, auditorías fiscales y bloqueos o restricciones para operar.
Los gobiernos municipales concentraron 36.1 por ciento de los casos reportados, seguidos por los gobiernos estatales con 34.3 por ciento y el ámbito federal con 29.5 por ciento.
La percepción sobre el cumplimiento de los gobiernos estatales también presentó un retroceso. Sólo 29.2 por ciento de los socios de Coparmex consideró que su gobierno estatal cumplió con los objetivos para los que fue elegido.
La inseguridad fue identificada como la principal falla, con 22.7 por ciento de las menciones, mientras que la corrupción aumentó de 15.1 a 17 por ciento entre las principales deficiencias señaladas.
En materia de corrupción, el indicador se ubicó en 30.4 por ciento, una disminución de 9.8 puntos porcentuales y la mayor caída registrada en la medición.
Pese al descenso, tres de cada diez empresas reportaron haber enfrentado algún acto de corrupción. El ámbito municipal concentró la mayor incidencia, con 64 por ciento de los casos, seguido del estatal con 54.9 por ciento y el federal con 44.1 por ciento.
El conjunto de indicadores dibuja un escenario en el que las empresas enfrentan mayores dificultades para invertir y expandirse, mientras destinan más recursos a seguridad y a la atención de obligaciones regulatorias.
Para el sector empresarial, la recuperación de la confianza requiere condiciones de mayor seguridad, certeza jurídica, reglas claras, reducción de cargas administrativas y acciones efectivas contra la corrupción.
La medición de Coparmex plantea así un reto para las autoridades de los distintos niveles de gobierno, generar condiciones que permitan que las empresas no sólo mantengan sus operaciones, sino que vuelvan a considerar la inversión y la expansión como opciones viables.
El deterioro del ánimo para invertir ocurre en un momento en que las empresas son uno de los principales motores de la generación de empleos y de la actividad económica