- La Fiscalía del Estado de México judicializó expedientes contra 10 personas, aseguró seis inmuebles y 20 vehículos como parte de una investigación sobre una presunta red de extorsión que operaba en la Central de Abasto de Ecatepec. Entre las detenidas se encuentra una agente del Ministerio Público, señalada por supuestamente filtrar información a uno de los investigados.
Toluca, Estado de México, 9 de septiembre de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desplegó diversos operativos para desarticular una estructura presuntamente dedicada a cobrar cuotas, despojar propiedades y amenazar a comerciantes, locatarios, franeleros y recolectores de residuos en la Central de Abasto de Ecatepec y sus alrededores.
Las acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y contaron con la coordinación del Gabinete Nacional de Seguridad y la Mesa de Paz del Estado de México.
De acuerdo con la Fiscalía, la red estaría relacionada con organizaciones que operaban bajo la apariencia de sindicatos, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX).
Las indagatorias también alcanzan a integrantes del Consejo de Administración de la Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec.
Detienen a agente del Ministerio Público
Uno de los hechos más relevantes de la investigación fue la detención de Isela “N”, agente del Ministerio Público de la propia Fiscalía mexiquense, acusada de proporcionar presuntamente información confidencial a Alejandro “N”, alias “El Gordo”.
Según las pesquisas, la funcionaria habría revelado datos sobre carpetas de investigación en curso y alertado al investigado acerca de operativos que podían afectar sus actividades.
Isela “N” fue detenida la mañana del 9 de septiembre mediante una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de extorsión.
Posteriormente fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.
Aseguran ranchos, escuela, salón de fiestas y vehículos
Entre los principales detenidos se encuentra Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, identificado por la Fiscalía como uno de los líderes de la USON y probable participante en delitos de extorsión, robo con violencia y despojo.
El hombre fue localizado el 4 de julio en Tizayuca, Hidalgo, donde, según la investigación, se ocultaba para evadir a las autoridades mexiquenses.
Fue detenido en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo mediante una orden de aprehensión por secuestro exprés con fines de extorsión. El 10 de julio fue vinculado a proceso y permanece bajo prisión preventiva en el penal de Ecatepec.
Durante los cateos relacionados con este caso, la Fiscalía aseguró seis propiedades, entre ellas el denominado Despacho de Abogados Coronel, presuntamente utilizado para facilitar despojos; una escuela de educación básica, un salón de fiestas y dos ranchos localizados en Ecatepec y Axapusco.
En uno de los ranchos fueron encontrados tractores, maquinaria agrícola, remolques ganaderos y numerosos animales, entre ellos 87 borregos, 24 caballos, 15 burros, nueve cerdos y dos ponis.
También quedaron bajo resguardo 20 vehículos: 16 camionetas, tres automóviles —entre ellos un Dodge Challenger y dos unidades clásicas— y una cuatrimoto.
La Fiscalía investiga la procedencia de las propiedades, los vehículos y los recursos utilizados para adquirirlos y mantenerlos.
Presunto líder se hacía pasar por fiscal y magistrado
Otro de los investigados es Alejandro “N”, alias “El Gordo”, señalado como dirigente de COTRAMEX, organización dedicada a transportar mercancías dentro y en las inmediaciones de la Central de Abasto.
La Fiscalía sostiene que esta agrupación habría trasladado mercancía robada y que su dirigente se presentaba falsamente como fiscal regional, agente del Ministerio Público, magistrado, legislador y abogado, pese a no contar con cédula profesional.
“El Gordo” fue detenido el 19 de agosto por hechos registrados el 16 de febrero en Santiago Tolman, municipio de Otumba. Presuntamente, él y sus cómplices privaron de la libertad a una familia y le exigieron 100 mil pesos a cambio de no llevarla ante las autoridades.
El 2 de septiembre fue vinculado a proceso por su probable participación en secuestro exprés con fines de extorsión y permanece en prisión preventiva en el penal de Texcoco.
Prestamista habría amenazado con quitar bodegas
Enrique “N”, alias “Siddhartha”, fue detenido el 12 de agosto. Comerciantes y locatarios lo identificaron como un prestamista que operaba presuntamente con autorización de algunos integrantes de la administración de la Central de Abasto.
Las víctimas denunciaron que imponía intereses y cuotas ilegales, además de amenazarlas con quitarles sus bodegas o puestos en caso de incumplir los pagos.
Fue vinculado a proceso el 2 de septiembre por una extorsión cometida presuntamente el 18 de mayo en Nezahualcóyotl, donde habría exigido 500 pesos semanales a una persona para permitirle vender productos cosméticos.
Cobraban cuotas a franeleros, pepenadores y negocios
Laura “N” y su hija Magaly “N” también fueron vinculadas a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión. Ambas son señaladas como presuntas cobradoras de cuotas ilegales dentro del centro de abasto.
La Fiscalía calcula que alrededor de 100 franeleros eran obligados a pagar 250 pesos diarios, mientras que los recolectores de residuos entregaban 20 pesos por día.
Las bodegas y establecimientos comerciales presuntamente pagaban entre 500 y mil pesos diarios, dependiendo de su tamaño.
Las dos mujeres fueron recluidas en el penal de Ecatepec y vinculadas a proceso el 2 de septiembre.
Cuatro hombres se ostentaban como integrantes de grupo criminal
Como parte de los operativos también fueron detenidos Marco Antonio “N”, Roberto “N”, alias “El Abeja”; Vladimir Alejandro “N”, conocido como “El Mudo”, e Iván “N”.
Los cuatro se presentaban presuntamente como integrantes de un grupo delictivo originado en Jalisco y son investigados por la venta de drogas y el cobro de cuotas a comerciantes de la Central de Abasto.
La Fiscalía les atribuye una extorsión agravada cometida el 25 de junio contra un vendedor ambulante, a quien habrían amenazado con un arma de fuego para exigirle dinero por concepto de “derecho de piso”.
Fueron vinculados a proceso el 20 de agosto y permanecen bajo prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Ecatepec.
Las investigaciones continúan para identificar a más integrantes de la presunta red y determinar si otros miembros de la administración de la Central de Abasto participaron en los delitos.
La FGJEM pidió denunciar cualquier actividad delictiva mediante el correo [email protected], el número 800 702 8770 o la aplicación móvil FGJEdomex.
Las personas mencionadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.