- Anuar Azar plantea organizar foros en los 32 congresos locales y en el Congreso de la Unión; por ahora, la iniciativa no constituye una reforma presentada ni modifica las reglas vigentes.
Abrir un debate nacional sobre la portación legal y selectiva de armas, bajo controles estrictos, es el objetivo del “Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa” propuesto por Anuar Azar Figueroa, coordinador nacional de diputadas y diputados locales del PAN.
El planteamiento busca revisar los mecanismos legales disponibles para que una persona pueda defenderse ante una agresión real, actual o inminente, así como analizar los requisitos para obtener una eventual licencia de portación.
Azar Figueroa aseguró que la propuesta no pretende liberar de manera generalizada la posesión o portación de armas ni promover que la población sustituya las funciones de policías, fiscalías y jueces.
“Estamos abriendo el debate para encontrar mecanismos legales de defensa, con restricciones, controles y una regulación estricta, ante una realidad en la que las instituciones de seguridad y justicia todavía no están dando los resultados que las familias necesitan”, afirmó durante una conferencia de prensa.
El diputado panista fundamentó su propuesta en los niveles de impunidad registrados en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), únicamente 0.8% de los delitos ocurridos llegó a una resolución favorable para la víctima, proporción que puede expresarse, de manera aproximada, como uno de cada 100 casos.
La estadística, sin embargo, no significa que 99 de cada 100 denuncias sean desechadas: el cálculo parte del total estimado de delitos, incluidos aquellos que no fueron denunciados o por los cuales no se abrió una carpeta de investigación.
Plantea licencias con requisitos estrictos
La propuesta contempla analizar un esquema de autorización para personas que cumplan requisitos como revisión de antecedentes, evaluaciones físicas y psicológicas, capacitación obligatoria, registro y trazabilidad del arma y almacenamiento seguro.
También plantea renovaciones periódicas de las licencias y mecanismos para suspenderlas o revocarlas cuando existan factores de riesgo o incumplimientos.
“La discusión no debe reducirse a armar o desarmar a la población. Debemos evaluar si un esquema legal, selectivo y estrictamente regulado puede contribuir a proteger a las familias, sin generar consecuencias adversas mayores”, sostuvo Azar.
Otro de los objetivos sería revisar los alcances jurídicos de la legítima defensa y la protección de quien repele una agresión inmediata, sin permitir venganzas, persecuciones posteriores ni actos de justicia por propia mano.
Foros nacionales antes de formular reformas
Azar anunció que promoverá la realización de foros en los 32 congresos estatales y en el Congreso de la Unión, con la participación de especialistas en derecho, seguridad pública, criminología y regulación de armas.
También se buscaría incorporar a autoridades, jueces, fiscalías, organizaciones ciudadanas y víctimas de la delincuencia.
Las mesas abordarían cuatro temas centrales: legítima defensa y derechos ciudadanos; capacidad de respuesta del Estado; requisitos para una eventual licencia de portación; y salvaguardas para prevenir abusos y proteger a terceras personas.
Al finalizar los encuentros se integraría el denominado “Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa”, con conclusiones y posibles propuestas de reformas constitucionales y legales.
Hasta el momento, se trata de un planteamiento para iniciar una discusión pública y legislativa. No existe una reforma aprobada ni una autorización nueva para la portación de armas.
Azar añadió que cualquier modificación tendría que evaluarse mediante indicadores públicos sobre homicidios, robos violentos, lesiones y accidentes con armas de fuego, usos defensivos y posibles desvíos de armamento legal hacia el mercado ilícito.
“Una política responsable se evalúa y se corrige; no se defiende a ciegas”, expresó.
El legislador insistió en que la seguridad pública continúa siendo una responsabilidad del Estado y que la propuesta no considera las armas como una solución general frente a la violencia, sino como un asunto que debe analizarse ante situaciones excepcionales de peligro inmediato.